El agricultor toresano, Ramón Álvarez , encara hoy su séptimo día en huelga de hambre sin que, de momento, haya llegado a acuerdo alguno con la Agencia Tributaria de Zamora para paralizar la subasta de su finca en la localidad de Toro. Aunque la primera subasta, celebrada el martes en Valladolid, quedó desierta, la sombra del embargo todavía planea sobre la familia de agricultores. Álvarez, que asegura que se encuentra "con fuerzas para aguantar", pretende seguir acampado frente a las oficinas de la Agencia Tributaria hasta llegar a un principio de acuerdo que permita abordar el pago de la deuda de una manera más asequible para su economía. Él insiste en que su deseo es pagar, pero asegura que si por este camino pierde su finca -donde desarrolla su negocio- "no podré salir adelante".

Durante la jornada de ayer, sexta de huelga de hambre del zamorano, se escenificó el apoyo político de Izquierda Unida al toresano. El partido, representado por buena parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora -encabezado por el propio alcalde Francisco Guarido- y por el procurador y coordinador regional de la coalición de izquierdas, José Sarrión, censuró que "el sistema caiga con todo su peso sobre una familia a la que se pretende privar de todas sus vías de ingreso".

"Expresamos nuestra admiración ante el esfuerzo, sacrificio y ejemplo de lucha de Ramón. Ojalá este país luchara con la fuerza con la que está luchando él, dispuesto a poner en peligro su salud, porque le quieren quitar la vida. Nuestro máximo reconocimiento a su dignidad", apostilló Sarrión. Guarido aseguró que el equipo de Gobierno de la ciudad está dispuesto a llevar a cabo ciertas iniciativas pero reconoció que, hoy por hoy, buena parte de la "lucha" consiste en presionar. "Ahí estaremos", zanjó el alcalde de la ciudad ante Ramón Álvarez, María del Canto Casares -su mujer- y el resto de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca reunidos ayer en la plaza de Castilla y León.

José Sarrión aprovechó la visita a Zamora para anunciar que "hemos registrados una iniciativa de urgencia en las Cortes de Castilla y León para instar al Gobierno de la nación a que realice las modificaciones legales oportunas para evitar que casos de estos se produzcan. Queremos que las personas que se vean en riesgo de desahucio tengan una alternativa cuando además pierden su método de obtener ingresos. Es inaceptable que un país que rescate a los bancos no rescate a las personas que lo necesitan. El Gobierno debe tener como prioridad la protección de los más débiles". Sarrión anunció además que el problema de Ramón Álvarez llegará al Congreso de los Diputados de manos de Alberto Garzón.

Álvarez espera que durante la mañana de hoy la Agencia Tributaria ofrezca una respuesta a sus peticiones sobre las alternativas de pago. La última oferta, inasumible para la familia toresana, consiste en pagar al contado 90.000 euros y financiar el resto. Álvarez, que insiste en que quiere pagar, asegura que no puede hacer frente a esas cantidades.