Las instalaciones estaban cerradas al público cuando tuvo lugar el accidente en el que un menor de 10 años sufrió heridas graves al caerle una puerta de hierro encima mientras jugaba junto a ella, sin embargo, en su interior había caravanas y campistas, entre ellos los padres del menor, que contaron que pagaban una cantidad al mes por la ocupación. El procesado, para el que la Fiscalía Provincial y la familia del niño herido exigían una condena a seis meses de prisión y la indemnización de 11.022,21 euros por una imprudencia grave, se hizo cargo del recinto el 17 de abril de 2015, si bien los inquilinos no dejaron de usar sus parcelas y de abonar las mensualidades.
La magistrada del Juzgado de lo Penal, que solo ha admitido una imprudencia leve que no constituye un delito, subraya en su sentencia que el recinto "carecía del mantenimiento adecuado, circunstancia que era conocida y asumida por todos" los campistas allí instalados de forma continuada, tal y como relataron en el juicio, en el que apuntaron que el propietario del cámping, el empresario Francisco Magarzo, les había dado una llave que utilizaban para entrar y salir cuando querían y que el nuevo administrador no les pidió que se la entregaran hasta reabrir al público las instalaciones. La puerta de hierro que se vino sobre el niño estaba siempre abierta, tras averiarse el motor año y medio antes del siniestro. El acusado, ahora absuelto, estaba realizando labores de limpieza de la piscina de cara a la temporada de verano cuando ocurrió el suceso.
