"¿Dónde, cuándo y por qué suceden los hechos?". El fiscal jefe, Rafael de Vega Irañeta, comenzaba a explicar a los nueve integrantes del jurado popular que decidirán sobre la inocencia o culpabilidad de los cinco imputados en la trama solar, para centrar el "negocio boyante y seguro" al que, según su tesis, se apuntaron. La trama giraba entorno al exjefe de Industria, José Bahamonde, que autorizaba las instalaciones solicitadas por las sociedades solares, "visaba y controlaba si los requisitos se cumplían"; y el jefe de Distribución de Iberdrola, Agustín de la Fuente, responsable de los enganches de los huertos a la red eléctrica. La tercera pata son las empresas fotovoltaicas, donde reside el grueso de la ganancia, puesto que el Estado daba subvenciones para potenciar la producción de energías limpias, como la solar: 45 céntimos por kilowatio producido. "Beneficio asegurado", apunta la Fiscalía. Es aquí donde entraría en escena Pevafersa con el ofrecimiento de acciones a Bahamonde y De la Fuente Sol Sayago, que ambos niegan haber adquirido a pesar del contrato aportado por otro expresidente de la empresa toresana, Antonio Berdión, y otro accionista, exresponsable de Endesa. El resto de imputados crean sociedades, algunas autorizadas por Bahamonde. "La casualidad en el mundo de los negocios es imposible", afirmó el fiscal jefe, "se está tratando de esconder la participación de terceros" y Bahamonde "se prevalece" de su puesto para beneficiarse y favorecer a su hijo, Javier Bahamonde, su pareja, Blanca Blanco, y a los otros dos acusados.

La defensa tachó de "inciertas y espurias" las acusaciones del fiscal jefe, basadas en "hechos inciertos" como es que el contrato de compra de las acciones se llegara a cumplir, lo que niegan los imputados, y el hecho de que las autorizaciones "eran regladas", Bahamonde firmaba sin tener conocimiento detallado de las solicitudes.