Arranca el juicio por alzamiento de bienes contra los socios de la empresa Promer, propietaria del edificio Mercantil. El arquitecto municipal del Ayuntamiento de Benavente, Román Ávila, su mujer y su hijo, y J.F., otro propietario, se enfrentan a dos años de prisión cada uno por tratar de evitar el pago de 310.510,12 euros a la Admiración local para abonar una sanción urbanística, con sentencia judicial de 2006, cuantía que en la actualidad sumaría el doble, para lo que están acusados de descapitalizar la sociedad.

Tanto la Fiscalía Provincial como el Ayuntamiento benaventano acusan a los cuatro procesados de vender pisos, garajes y trasteros entre los socios y familiares para restar liquidez a Promer durante 2008 y 2009, y no disponer así de fondos para cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el año 2006 que reconocía la legalidad la sanción.

Un informe técnico establece que los dueños y familiares, «colaboradores conocedores de los actos», dispusieron de patrimonio de la misma, «actos que dificultan la recaudación municipal de la sanción urbanística». El Ayuntamiento demandó a Ávila y sus socios el 30 de septiembre de 2010 para intentar recuperar el dinero que ha mermado las arcas municipales durante casi once años.