Con verdaderos problemas de saturación, de colapso desde abril de 2007, el Juzgado de lo Penal de Zamora ha logrado remontar la situación con ayuda del juzgado de refuerzo acordado en 2012 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se eliminó en 2016, cuando se decidió dejar a una funcionaria y a un secretario para tramitar las ejecutorias. La magistrada trabajaba, antes de tener el juez de apoyo, a un ritmo frenético con la imposición de más de 700 resoluciones anuales.

El volumen de trabajo ha descendido, pero no en tanto porcentaje como para impedir que el Penal se mantenga en unos índices de trabajo superiores a la media aceptable para que su funcionamiento sea ágil, de modo que es más que probable que el primer destino del juez de Menores de Zamora sea asumir el refuerzo de esta instancia judicial.

Sobre sus espaldas, como una espaldas Damocles, planea el refuerzo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 designado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que asuma desde junio todas las demandas mercantiles referidas a la nulidad de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios (las suelo fundamentalmente) y las reclamaciones de los gastos de notariales e intereses (como el IRPH).

El juez de Menores tendrá que absorber asuntos siempre que el número 6 supere en 400 el número de causas de este tipo que formalicen los zamoranos.

Los últimos módulos de entrada aplicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), relativos al año 2013, para los juzgados de Primera Instancia e Instrucción fija en 550 los asuntos a resolver por juez y año a través de autos o sentencias, cifra que está muy por debajo del trabajo que absorben los magisgrados zamoranos según los datos relativos a 2015, cuando el número alcanzó los 648 en la provincia, de acuerdo con los datos difundidos en ese ejercicio.

En el Juzgado Contencioso, el módulo se estableció en 2013 en 450 y 540 por titular: el de Zamora resolvió una media de 500. El Juzgado de lo Penal de la provincia dictó en 2015 unas 700 sentencias, 200 más de las 400 que el CGPJ consideró asumibles por un solo magistrado (gracias al juez de apoyo), además de otras 700 ejecutorias, lo que implica que sobrepasó ampliamente el módulo.

Los dos juzgados de lo Social tampoco se salvaron de la saturación, el módulo de entrada, estipulado en 670/800 por juez con sentencias y ejecuciones. Los magistrados de la Audiencia Provincial se mueven dentro de los parámetros, de acuerdo al módulo de entrada de 2013, último aplicado por el CGPJ, con 232/280 asuntos por magistrado: resolvieron 250 el año 2014. Los quince juzgados unipersonales de la provincia recibieron 19.440 denuncias y demandas en 2014, de las que un 15% quedaron pendientes de resolver para el ejercicio siguiente, en concreto 4.310, de acuerdo con la estadística del CGPJ.