"Se me antojó un aspirador de 900 euros". Y el capricho se convirtió en una caja de Pandora, pájaro de mal agüero que desenmascaró al hombre con el que llevaba conviviendo en el mismo domicilio seis años. Cuando la mujer fue a solicitar un préstamo a una entidad bancaria para financiar la compra del electrodoméstico aquel agosto de 2015, descubrió que estaba en el registro de morosos por deudas nada baladíes con otra caja de ahorros.
La sorpresa fue mayúscula, especialmente porque desde 1988 -cuando solicitó un préstamos con su marido ya fallecido para comprar la casa- no había vuelto a tener ninguna relación con la entidad. Y no quedó ahí: su hija, que jamás había tenido cuenta en esa entidad de ahorro también tenía una deuda y figuraba, igualmente, en la lista de morosos. Todavía a día de hoy no saben a ciencia cierta a cuánto asciende la cantidad global, únicamente que supera los 105.000 euros. Sin comerlo ni beberlo, que dice el refrán.
La caja de Pandora seguía abierta. Aún le restaba otro golpe: Alguien había endosado a ella y a su hija cuatro tarjetas de crédito, solicitadas con sus firmas, para realizar apuestas desde enero de 2013. Solo quedaba un hilo conductor, la sucursal estaba en Fermoselle, en la misma oficina en la que trabajaba su compañero sentimental hasta 2014 y cuyo director manifestó que no conocía a las supuestas clientas, que nunca fueron por la sucursal. Resultó ser casi perfecto imitador de la letra de ambas, cuya rúbrica falsificó para formalizar los contratos de las cuatro tarjetas con las que efectuó numerosas operaciones para apostar en juegos.
La habilidad le sirvió también para llevar a cabo contratos de teléfonos móviles y llamar online para realizar las apuestas, pero terminó por conducirle directamente al banquillo de los acusados, donde se sentó el viernes acusado de un delito continuado de falsificación documental en concurso con otro continuado de estafa. La Fiscalía exige a la Audiencia Provincial que le imponga 6 años de prisión, sin atenuantes, puesto que los forenses descartan la adicción al juego. La teniente fiscal, Begoña Sánchez, solicitó la agravante de abuso de la relación personal entre las víctimas y el defraudador para quien pide que se le imponga una multa de un año con el pago de una cuota de 10 euros diarios (3.600 euros).
La fiscal fue contundente y firme en sus conclusiones, después de que el empleado de banca admitiera los hechos ante el juez de instrucción en febrero de 2016, aunque rehusó contestar a sus preguntas y las del abogado de su expareja y la hija de esta. Recordó llegó a manifestar al juez que investigó el caso que estaba negociando con al entidad financiera con la que contrajo la deuda suplantando la identidad de las dos denunciantes para pagar, si bien nunca más se supo de esas conversaciones.
El Ministerio Público fue más duro que la acusación particular a la hora de solicitar la pena de cárcel, como subrayó el propio letrado de las dos mujeres, quien pidió a los magistrados de la Audiencia que condenen al procesado a cuatro años de cárcel y el pago de nueve meses de multa, sorprendido porque este no hubiera querido llegar a un acuerdo para evitar el juicio, "una situación tan grave". El abogado desglosó el importe de las deudas, a los que deberá añadirse los intereses: más de 13.190 euros, 50.000 euros y 42.630 euros. Ante las referencias de la defensa del imputado a otras deudas de madre e hija para insinuar que las cantidades que reclaman pudieran haberlas gastados ellas, su abogado recordó la mala situación económica que atraviesan muchas familias y se preguntó si "acaso desmerece el derecho de mis clientas por tener una más economía precaria que otros". El letrado exigió 15.000 euros por los daños morales que las dos han sufrido por esta experiencia que les impide disponer de tarjetas y de teléfonos móviles por hallarse en el registro de morosos tras ser víctimas de una estafa.
La abogada del acusado incidió en su afición al juego, que le llevó a realizar "entre cinco y seis apuestas diarias durante un mes", pero que la forense que le examinó desligó claramente de una adicción que impide poner límites a esa conducta. Llegó a definirle como un jugador social, aquel que puede dejar de apostar cuando decide, que no precisa de ayuda profesional para abandonar ese hábito y que, por tanto, es imputable.
La especialista diferenció "se puede ser adicto o jugador social, que también tiene necesidad de jugar, pero controla los límites". Para que exista una patología, debe de llevarse a cabo la acción de forma "impulsiva", quien padece la adicción asociada a una enfermedad mental "juega por jugar, para seguir jugando sin más". "El planificaba" cuándo jugar "para que no le vieran", incluso ayer llegó a decir a preguntas de su abogada que lo hacía "para comprarles" cosas a su expareja y su hija. Sin embargo, "el jugador patológico no y necesita ayuda para parar".
La abogada apuntó la falta de pruebas contundentes, claras y concretas para condenar a su cliente, insistió en que no se ha precisado el perjuicio económico causado, "a lo sumo, la disposición fue de 200 euros y estaríamos en una falta", nunca un delito de estafa, apuntó. La defensa reiteró que el imputado solo reconoció haber formalizado las tarjetas a nombre de las denunciantes y los contratos de teléfonos, pero no las cuantías, por lo que solo admitirían la falsificación en documento mercantil.
