29 de abril de 2017
29.04.2017

Los "novillos" de una alumna en el colegio costarán a sus padres 720 euros

La adolescente faltó al 20% de las clases durante tres cursos, aunque su madre volvía del trabajo para llevarla hasta la puerta del centro

01.05.2017 | 11:58
Varios menores de edad se dirigen al colegio con sus padres.

Los padres de una adolescente de 17 años han podido sortear la condena a seis meses de prisión que exigía la Fiscalía y tendrán solo que pagar al Juzgado de lo Penal 720 euros como multa por los "novillos" que su hija protagonizó durante tres cursos, en los que se ausentó en el 20% de las clases, aproximadamente, según constató el colegio público de Toro en el que estaba escolarizada.

Los progenitores de la menor de edad admitieron su culpa ante la juez por las últimas "pellas". La demostración de que hicieron todo lo posible para tratar de que su hija acudiera a sus clases influyó, sin duda, en el acuerdo que alcanzaron con la Fiscalía para reducir la pena. La madre, advertida por el colegio, llegó a solicitar permiso en el trabajo para encargarse personalmente de llevar a su hija a clase, donde la jornada escolar comenzaba antes del horario laboral de la mujer. No siempre podía acompañar a su hija, lo hacía cuando la familia que la tenía contratada se lo permitía.

Sin embargo, no logró que su hija cumpliera con su deber de asistir a clase. La mujer dejaba a la menor en la misma puerta del colegio, pero en cuanto se iba, la niña desaparecía también. La conducta de la estudiante no varió aunque la Comisión de Absentismo Escolar envió cartas a la familia advirtiendo de que podía acabar actuando la Fiscalía de Menores y el matrimonio se enfrentaría a penas de prisión. "La niña siguió sin ir a todas las clases", como había hecho desde los 14 años.

Con los dos padres trabajando desde las seis de la mañana, en amplias jornadas laborales, nadie controlaba a la menor. En este caso, "sí existe conciencia de los padres sobre la importancia de que la niña acudiera a clase", explica el director del centro, que fue llamado como testigo por el Juzgado de lo Penal, si bien no fue precisa su intervención al llegarse a un acuerdo. Aquí la necesidad personal, la situación económica de la familia, impedía que los padres ejercieran un control sobre la alumna, ya que se veían obligados a trabajar los dos fuera de casa para poder vivir. El problema, a veces, afecta a personas cuya cultura no tiene integrada la escolarización como derecho incuestionable y cuya transgresión tiene castigo de cárcel.

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