Vecinos que edificaron en Ferreras de Abajo han confirmado que lo hicieron sin licencia del Ayuntamiento ante el juez que investiga si el alcalde del PP, Gregorio José San Pedro, y dos de sus concejales permitieron, por omisión o a sabiendas, diez construcciones en esas mismas condiciones, lo que sería un delito de prevaricación, según la Fiscalía.
En concreto, fueron cinco los propietarios de viviendas sin licencia que fueron interrogados por el juez y el fiscal, además de un vecino de Litos, cuya esposa es integrante de la Junta de Administración del municipio, que también levantó una casa en suelo rústico, apuntan fuentes próximas a la investigación. Este testigo confirmó que había pagado el enganche de agua potable y residual a la Junta, a pesar de no tener la licencia, y que el alcalde de Litos conocía estos hechos, según las mismas fuentes.
Otro de los que declaró es uno de los concejales del equipo de Gobierno, si bien indicó que fue su madre la que construyó un garaje sin permisos. El de los propietarios, que tiene parentesco con teniente alcalde y exmujer del alcalde, reconoció en el Juzgado que había hecho un garaje que conocían ambos y que, pese a tener proyecto, ni lo presentó ni solicitó permiso de obra. Los indicios de la comisión del delito de prevaricación se extienden al secretario del Ayuntamiento, de iniciales I.S., y a dos concejales del equipo de Gobierno del PP, E.A. y R.M.G., con competencias en la gestión municipal de ambas localidades.
El juez ha solicitado a la Diputación Provincial un informe sobre si el Ayuntamiento puede invertir dinero en la compra de papeletas y sobre para las elecciones municipales y si pueden destinarse fondos para pagar comidas del alcalde con cargo a los presupuestos municipales. La Diputación ha enviado al juez un escrito en el que indica que los jueces son integrantes de la Junta Electoral y conocen la normativa legal respecto del encargo de papeletas por parte de los ayuntamientos.
La causa que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, a instancias de la Fiscalía Provincial, trata de desvelar si los propietarios no tramitaron las licencias de obras en ese municipio (siete viviendas) y en Litos (tres), lo que podría suponer un delito de prevaricación, de acuerdo con la denuncia remitida por la Fiscalía Provincial.
Los dos consistorios no remitieron al Ministerio Público la información solicitada sobre la concesión de los permisos urbanísticos y del inicio de expedientes sancionadores por las construcciones ilegales. Los testigos llamados a declarar por la Fiscalía manifestaron que comunicaron "de palabra al alcalde o concejales y secretario" que iban a construir, a lo que les contestaron que "únicamente es necesario abonar las tasas de enganche de aguas sucias y limpias" en Litos; y en Ferreras, "nada". El que marcaran las alineaciones de las obras o dimensiones de la acera del inmueble "son pruebas que hacen indicar que se tiene conocimiento de lo actuado, sin dar cumplimiento a la Ley", aseguraba el fiscal.
