El nuevo contrato para la prestación del servicio de aparcamiento en zona azul cuenta los días para ser adjudicado, después de casi dos décadas de problemas en los Juzgados. El próximo lunes se abrirá el denominado "sobre A", con el que se conocerá el número exacto de empresas que han presentado su oferta y sobre las que Francisco Guarido ha dicho que son "bastantes". El próximo 27 de abril será el turno para la apertura de plicas, el denominado "sobre C". A partir de ahí, arrancará la cuenta atrás para que la gestión y explotación del estacionamiento regulado de vehículos en la capital (ORA) tenga nuevo adjudicatario, tras penar durante casi 20 años por un desierto de denuncias, sentencias, caducidades y nulidades.

El periplo de desgracias con el contrato de la ORA arranca en el año 1999, cuando se le adjudica a Urbaser -la empresa de servicios del Grupo ACS- el servicio para la construcción y gestión de dos aparcamientos subterráneos (plaza de la Constitución y parque de San Martín) y la gestión de la zona azul en superficie. Casi inmediatamente, otra de las empresas que concurrió en aquel proceso denunció la adjudicación y con ello arrancó un largo proceso judicial que terminó con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de septiembre de 2004 en la que se anulaba el contrato adjudicado cinco años atrás. Sentencia que fue ratificada dos años después por el Tribunal Supremo, con lo que en 2006 quedaba totalmente anulado el contrato de gestión, pasando Urbaser (y posteriormente Iridium) a prestar el servicio de manera obligada por el Ayuntamiento de Zamora hasta que se produjera un nuevo proceso de licitación.

El contrato permaneció anulado por sentencia (y por lo tanto necesitado de nueva licitación) hasta que en el año 2016 el nuevo equipo de Gobierno de IU-PSOE decidió sacarlo adelante, aunando bajo un mismo paraguas los servicios de ORA, grúa y aparcamientos subterráneos. Sin embargo, el grupo municipal del Partido Popular recurrió este nuevo pliego y denunció ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl), que resolvió en noviembre de ese mismo año que el contrato era "nulo de pleno derecho", al considerar que la acumulación de servicios en un mismo contrato "restringe la libre concurrencia" de las empresas.

Ahora, con los contratos ya separados, la travesía por el desierto de este contrato de la ORA parece llegar a su fin.