08 de abril de 2017
08.04.2017

La última amortización permitirá dejar la deuda a cero en 2018

08.04.2017 | 02:35

La Diputación dedicará 4,1 millones de euros procedentes de remanentes a la amortización de deuda, lo que rebajará hasta los 3,3 millones el montante pendiente de pago a los bancos a finales de este año. Dada la situación, todo apunta a que la institución provincial dejará su deuda a cero en 2018, según las previsiones del diputado Aurelio Tomás. Pese a todo, las críticas de la oposición van encaminadas a "no poder reinvertir ese dinero en lo que las entidades locales crean conveniente para sus pueblos y municipios, y que haya que hacerlo donde el Gobierno quiera", resaltó Laura Rivera, portavoz de Izquierda Unida. La representante fue más allá y trajo a colación a Fernando Martínez Maíllo al respecto de la Ley Montoro: "¿Por qué no se lo dicen a Rajoy o al nuevo coordinador general para que acaten esta petición planteada por la propia Federación Regional de Municipios y Provincias?".

Ante esta situación, Aurelio Tomás se vio obligado a echar la vista a 2010, "cuando España entró en quiebra y Europa dijo que tomábamos medidas o intervenía, de ahí que hubiera que modificar la Constitución para ajustarnos a esa realidad", planteó para justificar la Ley Montoro. No obstante y, a pesar de que "ello permitió que los ayuntamientos recortaran su deuda y pagaran a sus proveedores", Tomás defendió una vez más la necesidad de "flexibilizar la aplicación de los remanentes, tal y como espero que así sea pronto", auguró.

Ciudadanos saca adelante con los apoyos de toda la corporación la moción para instar a la Junta a que autorice una segunda prueba para los casos de brucelosis y tuberculosis bovina. Durante 2015 fueron sacrificadas en Castilla y León 6.148 tras dar positivo en las pruebas, de las que cuales solo 1.713 mantuvieron el positivo tras su muerte, es decir, que "4.435 animales se sacrificaron sin motivo", argumentó el diputado provincial David Carrión durante la exposición de motivos. La moción va encaminada también a acortar los plazos en el pago de las indemnizaciones a los ganaderos por el sacrificio de sus vacas positivas y a establecer criterios diferenciadores a la hora de establecer las ayudas "en función del cuidado y calidad de los animales afectados".

Aunque Izquierda Unida orientó una de sus mociones al "regreso" del cuartel de la Guardia Civil de Morajela o, en caso contrario, a la cesión al Ayuntamiento para su uso, la propuesta quedó condicionada por una enmienda del PP en estos términos: "Instar al Gobierno a incluir las partidas necesarias para el mantenimiento de los cuarteles en la provincia y continuar el convenio suscrito con la Diputación", puntualizó el popular Aurelio Tomás, al entender que "llevamos muchos años luchando el problema de Moraleja e implica mucho dinero".

La sesión sirvió también para aprobar los nuevos movimientos que modifican el inventario de bienes de la Diputación, que asciende a casi 200 millones de euros, la mayoría, correspondientes a bienes inmuebles. En este capítulo, en el último año la Diputación ha incorporado 4,8 millones más. Ocho de cada diez altas del inventario, es decir, casi cuatro millones de euros, corresponden a revalorizaciones de carreteras y caminos. No obstante, las altas respecto al año anterior se rebajan a casi la mitad al haberse incumplido algunos plazos de la ejecución de los arreglos de infraestructuras. No obstante, "si no entra este año, entrará el que viene, esto solo es un documento técnico".

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