Los municipios con escombreras ilegales que se beneficiarán del convenio entre la Diputación y la Junta para la recuperación ambiental de las zonas degradadas por los residuos inertes deberán adoptar medidas de "vigilancia, inspección y control" de los vertederos una vez que la Administración regional haya ejecutado los trabajos de recuperación. A su vez, la Diputación deberá poner a disposición de la Consejería de Fomento los terrenos de su titularidad en los que se sitúan las escombreras para la ejecución de las obras así como elaborar un informe sobre la gestión realizada por los municipios de la provincia en relación con los residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores. Estos desechos, además de generar impactos sobre el medio ambiente y el paisaje, "impiden el aprovechamiento de los recursos valorizables que pueden existir en los residuos incrementando en algunos casos la presión en la extracción de materias primas del medio ambiente", esgrime el convenio. Además, "afecta de forma negativa a la actividad económica del sector y, de manera particular, a la que desarrollan los gestores de residuos de construcción y demolición".

El convenio obliga a la Diputación Provincial a contratar un servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos de construcción y demolición procedentes de obras menores que se generen en los municipios donde se asientan las escombreras. Para ello, será necesario también instalar contenedores específicos en las áreas de aportación de residuos, valladas y afirmadas, así como en puntos limpios.

Los municipios beneficiados por el nuevo convenio podrán exigir a los ciudadanos la tasa correspondiente previa al otorgamiento de la correspondiente licencia o declaración responsable por las obras de construcción y demolición. Como contraprestación, el vecino podrá realizar una adecuada gestión de los residuos resultantes de las obras que haya realizado. No obstante, la Diputación podrá establecer una ordenanza tipo a la que se pueda adherir cada municipio si lo considera adecuado.

El proyecto se iniciará este año con ocho escombreras seleccionadas por la propia Junta a raíz de denuncias, caso de los vertederos de Coreses, El Perdigón, Villar del Buey, Villaralbo, Gallegos del Río y Fuentesaúco, estos dos últimos municipios, con dos vertederos cada uno. En cualquier caso, el objetivo de la Diputación es llegar a todos los pueblos de la provincia. Para este 2017, el desembolso económico será de 279.000 euros.