La expresidenta de Pevafersa, de iniciales B. P. P., negó ayer que los 225.000 euros que su marido percibió de la empresa en marzo de 2011 estuvieran relacionados con la transferencia por el mismo importe que ordenó con su sola firma el 21 de diciembre de 2010, sin contar con el otro administrador, desde la filial Sol Sayago "para pagar las cuotas de la Seguridad Social" de los empleados de la primera sociedad. Por esa operación la Fiscalía le acusa de un delito de apropiación indebida, por el que exige a la Audiencia Provincial una condena a dos años de prisión.
La ex administradora de Pevafersa, para la que la acusación particular ejercida por Sol Sayago exige 4 años de prisión por apropiación indebida y por administración desleal, se declaró "inocente", anque "sé que suena a tópico", declaró B.P.P. al final del la vista oral celebrada ayer.
La procesada explicó que el pago de las cuotas de la Seguridad Social debía hacerse antes de que concluyera diciembre, extremo que confirman el director financiero y el contable, para evitar sanciones, por lo que ordena el 21 de diciembre de 2010 para que se transfieran 225.000 euros de Sol Sayago a Pevafersa con su única firma porque "era una práctica habitual". De hecho, tanto el director financiero, como el contable y el director de la entidad de ahorros a través de la que se efectúan el traspaso de cantidad confirman ese sistema como "muy habitual entre las diferentes sociedades" que conformaban Pevafersa, más de 40.
En esa misma fecha, 21 de diciembre de 2010, aunque se produce la venta de huertos solares de Pevafersa a una entidad financiera, la deuda de esta sociedad era ya da tal embergadura (2,6 millones con la Seguridad Seguridad Social) que "no había liquidez" para abonar los 225.000 euros a la Tesorería, por eso hubo que realizar el trasbase de fondos de Sol Sayago, apuntaron el director financiero y el contable.
Ambos negaron a preguntas de la acusación particular que el dinero no se destinara a abonar las cuotas de los trabajadores, aunque no se haya aportado un documento que lo acredite, como recalcó la acusación particular.
Confirmaron, asimismo, que esa transferencia es diferente a la que el marido de la imputada hizo efectiva el 25 de marzo de 2011, con el pagaré emitido a tal efecto por su mujer y que se ingresa en la cuenta de una empresa del matrimonio. La procesada extendió el pagaré el 31 de diciembre para que se abonara en 2011, cuando hubiera ingresos, previstos porque se venderían activos a una entidad financiera por unos 8 millones de euros.
La acusación particular cargó las tintas contra una decisión que se produjo "con ilegalidad manifieta", según el responsable jurídico de Pevafersa y Sol Sayago, J.B.G., quien era el otro administrador mancomunado con la procesada de ambas sociedades y, por tanto, sin cuya firma no podrían efectuarse los dos pagos. El abogado de las dos sociedades hizo especial hincapié en que en las fechas en las que se produce el pago al marido de B.P.P. "Pevafersa ya estaba en insolvencia" y "tiene un deuda enorme". También Sol Sayago "tiene problemas graves entonces con pérdidas de más de 100.000 euros, deudas con la Seguridad Social, con Hacienda y multas de Medio Ambiente. Se venden activos para pagarlas", agrega el testigo.
La abogada de la acusación puso sobre la mesa un documento que los socios firmaron por el que se comprometían a no cobrar en ocho años la deuda que tuvieran pendientes con las empresas.
Los 225.000 euros vendrían a saldar parte de la aportación de 900.000 euros que habían hecho B.P.P. y su marido para ampliar capital, como acordaron los socios, sin que se llegara a efectuar tal operación, única cuantía recuperada por el matrimonio y que la administración concursal de Pevafersa nunca les reclamó. Para la defensa de la imputada implica que "da por bueno" el cobro de ese dinero. No así los más de 500.000 euros que reclama al expresidente V.F.M., con sentencia firma y que no ha devuelto.
