Las prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia para personas en situación de urgencia social mitigan la crisis en el medio rural por decimosexto año consecutivo. La Diputación convoca un ejercicio más la ayuda, que alivia la situación económica a más de un centenar de personas. El pasado año, la institución provincial concedió 36 ayudas para necesidades básicas de vivienda así como 102 expedientes más para prestaciones de primeras necesidades.
La convocatoria va destinada a cubrir los gastos específicos en alimentación, cuidados personales esenciales, vestido e higiene. También reserva una categoría para alojamiento temporal en casos de urgencia social. No obstante, la Diputación reserva consignación para cualquier necesidad básica esencial que, de forma motivada, pueda ser valorada como imprescindibles por los Centros de Acción Social de la Diputación al objeto de asegurar la integridad física de las personas, su estabilidad laboral, la prevención de un riesgo grave de exclusión social, la permanencia en el domicilio habitual o cualquier otra que esté en consonancia con las características y objeto de esta prestación.
El importe máximo que de esta prestación puede percibir un mismo titular o su unidad familiar a lo largo del año natural no superará 0,5 veces el Iprem anual. No obstante, excepcionalmente y de forma motivada mediante informe técnico, su cuantía podría ser superior al límite señalado. La cuantía de la prestación podrá percibirse por más de un concepto, si fuera necesario atender a varias necesidades básicas de subsistencia del beneficiario. Para el cálculo de la cuantía de la prestación la Diputación tendrá en cuenta el importe total de los gastos para satisfacer la necesidad, la capacidad económica del titular y su situación familiar y social.
La convocatoria para la concesión de las ayudas fue publicada hace unos días por el BOP. Así, el plazo para presentar las solicitudes ya está abierto y se mantendrá sin restricciones temporales todo el año, hasta el 15 de diciembre. Una vez presentada la solicitud y toda la documentación necesaria, un trabajador social del CEAS correspondiente a su domicilio elaborará un informe en el que constará toda la información necesaria para su valoración. El plazo máximo para la resolución y, en su caso, abono, no será superior a un mes desde la fecha de inicio del procedimiento.
La partida es abierta y la Diputación se compromete a su ampliación si alguna familia lo necesita de forma justificada.
