El Consejo Consultivo de Castilla y León, con sede en Zamora, emitió 513 dictámenes durante el año pasado. De ellos, 211 derivaron de consultas formuladas por la Administración autonómica, 299 por la local y tres por las universidades (dos la de Salamanca y una la de León). Todos los dictámenes, salvo cinco de carácter facultativo, fueron preceptivos.
Según los datos que serán expuestos en la próxima aprobación de la Memoria de actividad por el órgano que preside Mario Amilivia, 2016 registró un incremento del 43,5 por ciento en los dictámenes sobre revisión de oficio de los actos administrativos -tanto de las consejerías de la Junta como de ayuntamientos y diputaciones-, que pasaron de 39 en 2015 a 56, indica la agencia Ical. También a nivel de la comunidad autónoma, aumentaron los dictámenes sobre reclamaciones por el mobiliario urbano y, en general, por daños relacionados con el funcionamiento de los servicios públicos de las administraciones, clasificados con la denominación de "otras causas" (99 y 88, respectivamente).
Los dictámenes sobre revisión de oficio, que registraron en el conjunto de Castilla y León un incremento del 43,5 por ciento en relación con 2015, derivaron de consultas de la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos; del Ayuntamiento de Basconcillos del Tozo a causa de una licencia urbanística; de la Consejería de Agricultura y Ganadería por las bases definitivas de concentración parcelaria de la zona de Rabanera del Pinar y por los derechos de régimen de pago básico a una empresa; del Ayuntamiento de Burgos sobre una concesión demanial para la utilización privativa de una parcela; y del Ayuntamiento de Arija por el otorgamiento a una particular de la exención de pago del Impuesto de Vehículos.
Los dictámenes sobre contratación administrativa se originaron en cinco supuestos por cuestiones de resolución de contrato (tres del Ayuntamiento de Burgos y dos del de Miranda de Ebro) y el restante derivó de la consulta sobre una interpretación de un contrato en Medina de Pomar.
Los informes sobre recursos administrativos fueron solicitados por la Merindad de Río Ubierna a causa de la denegación de una licencia de construcción en dos ocasiones por la Consejería de Economía y Empleo a causa del reintegro de subvenciones.
Otro de los dictámenes fue el relativo al convenio interadministrativo entre la Consejería de Economía y Hacienda, el Ayuntamiento de Cardeñajimeno y la Junta Vecinal de San Medel para la promoción del Parque Tecnológico en los términos municipales de Burgos y Cardeñajimeno. León, con 87 dictámenes que afectaban a sus administraciones, y Burgos, con 78, son las dos provincias con más actividad.
