A finales del año pasado entraba en vigor la ley de la Junta de Castilla y León que regulaba la posibilidad de que los funcionarios que conozcan hechos delictivos puedan denunciarlos contando con una serie de garantías para evitar represalias. El objetivo de la ley, que sigue normativas aplicadas ya en el resto del Estado, es que nadie tenga miedo a denunciar hechos delictivos de los que sea testigo por temor a posibles represalias de los compañeros o jefes.

Un objetivo que comparten todos los sindicatos del sector con los que ha hablado este diario, aunque a muchos no les deje satisfechos, ya que encuentran grandes brechas sobre todo a la hora de asegurar que quien denuncie un hecho delictivo no sufra posteriormente consecuencias desagradables por delator.

Efectivamente, como señala Ana Rosa Arribas, de Comisiones Obreras, la norma autonómica de Castilla y León obliga al denunciante a identificarse, aunque se omita su nombre en las actuaciones. Dice textualmente, "en todas las actuaciones que se lleven a cabo, así como en el informe con el que concluya la información reservada, se omitirán los datos relativos a la identidad del informante y cuantos pudieran conducir a su identificación". Sin embargo el informante no tiene la absoluta certeza de que alguien pueda filtrar su nombre, ya que aunque se oculte, la Administración lo sabe.

En segundo lugar está el periodo de protección, por ejemplo, para que el funcionario informante no pueda ser removido de su puesto de trabajo como consecuencia de la denuncia de irregularidades. Y es que este periodo es de tan solo un año, lo que evidentemente es demasiado corto para asegurar una protección absoluta.

Y por último, en caso de que no se encuentren indicios de la irregularidad denunciada, la Junta puede sancionar en ese caso al denunciante, una medida que tiene como justificación evitar el abuso que podría suponer la presentación de una denuncia anónima. Sin embargo, en la práctica esta posibilidad de que la denuncia se vuelva en contra del "chivato" es otro freno a mayores para que esta medida en realidad funcione. Los sindicatos consideran muy difícil que la norma tenga virtualidad práctica.