La reciente sentencia del Tribunal Supremo, apoyada por varias más en Primera Instancia y de Audiencias Provinciales, que indica que los bancos deben hacerse cargo -al menos en parte- de los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios afecta a más de 20.000 zamoranos. Son todos aquellos con un préstamo hipotecario en vigor en la actualidad más los que lo han tenido pero lo han acabado de pagar en los últimos cuatro años, según los datos del INE y del servicio estadístico de la Junta de Castilla y León.

La sentencia ahonda en la evidencia de que es el cliente el que, en la práctica totalidad de los casos, se hace cargo de todos los gastos de formalización de la hipoteca. Al igual que ocurriera con las cláusulas suelo en mayo del año 2013, ahora el Alto Tribunal considera que esta práctica es abusiva. La sentencia, fechada el 23 de diciembre del año pasado, apostilla que "resulta llamativa la extensión de la cláusula, que pretende atribuir al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato, supliendo y en ocasiones contraviniendo, normas legales con previsiones diferentes al respecto".

Los jueces van más allá y asegura que el interés principal a la hora de realizar un préstamo hipotecario lo tiene, "sin duda, el prestamista", esto es, la entidad financiera en cuestión.

"Al final, siempre le toca al consumidor acabar pagando, lo que le corresponde y lo que no. Los gastos de formalización de hipotecas (constitución ante notario, inscripción en el registro y pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados) según las cláusulas del contrato hipotecario corren por cuenta del consumidor, pero esas cláusulas son abusivas. Por eso, al igual que sucede con las cláusulas suelo, deben dejar de aplicarse. Queremos acabar con esto y que devuelvan a los consumidores los gastos hipotecarios cobrados indebidamente", apuntan desde la OCU, que ha comenzado una campaña que ya cuenta con 20.000 inscritos a nivel nacional.

A las reclamaciones, ya sean las de la OCU u otras, pueden sumarse "todos los consumidores que actualmente estén pagando un préstamo hipotecario y aquellos que, aunque ya lo hayan terminado de pagar, comprueben que han pasado menos de cuatro años desde que se liquidó el préstamo".