144 mujeres pusieron fin a su embarazo de forma voluntaria durante el año 2015, según la estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad. De ellas, cinco eran menores, aunque no hubo ninguna con menos de quince años de edad -fueron seis en Castilla y León y 371 en el conjunto de España-. 34 de ellas tenían menos de 24 años de edad, 31 entre 25 y 29, 33 entre 30 y 34 y 29 entre 35 y 40. Solo decidió poner fin a su embarazo de forma voluntaria una mujer de más de 44 años, según el ministerio.
La estadística de Sanidad profundiza en ciertos aspectos de la vida de las mujeres que interrumpieron su embarazo e indica, entre otras cosas, que las que tienen estudios de ESO o equivalentes son mayoría -59 casos-. 38 tenían estudios de Bachillerato o FP y 31 contaban con formación universitaria. 14 tenían estudios básicos y solo dos aparecen en la categoría de "analfabetas o sin estudios".
Llama también la atención que aproximadamente un tercio de las mujeres que pusieron fin a su gestación ya lo habían hecho con anterioridad. Aunque hay 95 mujeres, clara mayoría, que se sometieron a este proceso por primera vez en 2015, también hay 39 con un aborto voluntario anterior, ocho con dos abortos previos y dos mujeres con tres interrupciones del embarazo practicadas con anterioridad. De otro lado, alrededor de la mitad no tienen hijos, 39 ya han dado a luz una vez y 26 tienen dos hijos. El resto tiene tres o más.
Sobre el uso de métodos anticonceptivos, casi la mitad -63 mujeres- reconocieron que no utilizan. 55 apuntaron que usan métodos barrera (preservativo) mientras que 24 aseguraron usar métodos hormonales. Sobre las semanas de gestación, 83 mujeres abortaron antes de llegar a los dos meses de embarazo, más de la mitad del total.
El estudio del Ministerio de Sanidad profundiza además en las causas e indica que la clara mayoría, 122 casos de los 144, se realizaron a petición de la mujer. En quince ocasiones había riesgo de graves anomalías en el feto mientras que en siete era la propia vida de la embarazada la que corría riesgo. La mayoría obtuvo información sobre el proceso en un centro sanitario público.
