El exalcalde del PP en Villadepera y exdiputado provincial de Mancomunidades, José Isidro Isidro, se sienta hoy en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal, que deberá decidir si le condena 4 años de prisión y 14 de inhabilitación, tal y como exige la Fiscalía Provincial por un delito continuado de prevaricación, otro de tráfico de influencias y uno más de negociaciones prohibidas a funcionarios por favorecer presuntamente al constructor José María Pordomingo.

En el juicio, José Ignacio Isidro Isidro, exalcalde de Villladepera, se ha negado a contestar a las preguntas del fiscal, que abubdan sobre posibles irregularidades en contratación de obras para beneficiar a la empresa de José María Pordomingo, también procesado en esta causa por prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. El exdiputado de Mancomunidades solo responde a su abogado para indicar que ni la secretaria municipal, ni interventor de la Mancomunidad ni instituciones que financiaban las obras de su Ayuntamiento advirtieron nunca de ilegalidades en la adjudicación y ejecución de obras. Los demás procesados también se han negado a prestar declaración.

Junto al regidor municipal, serán juzgados el exalcalde del PP Villardiegua, Silvestre Antonio Fernando, único imputado de esta causa que se libra de la petición de una pena de cárcel, que tendrá que defenderse de la petición de 14 años de inhabilitación y 18 meses de multa por los delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios; el exregidor del PP en Gamones, Laureano Lorenzo Ramos; y el teniente de alcalde de Villardiegua, Marcos Fernando Pablos, procesados por esos mismos delitos para los que el fiscal solicita un año de prisión por cada uno de ellos, 12 años de inhabilitación y 18 meses de multa, de acuerdo con la información que adelantó este diario.

Las presuntas ilegalidades de que el Ministerio Público acusa al regidor a los tres cargos públicos están relacionadas con el presunto favorecimiento al constructor Pordomingo, con adjudicaciones de obras, por lo que, además, tendrá que desembolsar una cuantía económica por responsabilidad civil, por lo que el propietario de la constructora, el quinto imputado, podría ser condenado a un año de prisión por el delito de tráfico de influencias, a petición del fiscal.

Durante las comparecencias ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital, los procesados negaron haber cometido ninguna ilegalidad y explicaron que Pordomingo fue el adjudicatario de las obras de forma reiterada porque "es un empresario que ha hecho mucha obra civil en la zona" de Sayago, "con un prestigio y que siempre ha respondido cuando era necesario realizar algún remate y sin cobrar". En Villardiegua, "siempre ha tenido el mismo porcentaje de licitaciones", indicó el alcalde.