Frente a la convicción de los grupos de la oposición al Gobierno central respecto de la necesidad de revisar la Carta Magna, "un lavado es procedente a más no poder, nació con los hijos de la dictadura diciendo lo que había que hacer", apunta el secretario provincial de Podemos, Braulio Llamero, el PP, en palabras de su vicesecretario general y presidente del partido en Zamora, Fernando Martínez Maíllo, no cree que sea una cuestión urgente.

Desde el partido que gobierna el país, a la condición ineludible del consenso para la reforma se añade el matiz de que debe ser "amplio e inquebrantable", si no "no se puede hacer". Maíllo remacha que "con 35 diputados se puede pedir un referéndum sobre esa reforma" y echarla abajo. El ejemplo de Italia está ahí y "no es que en el PP seamos inmovilistas. Reformar para mejorar, sí; participaremos en el debate, pero hay que advertir que de aventuras, nada".

El PP se mantiene en sus líneas rojas, en "nuestro ADN": "no vamos a entrar en reformas que cuestionen la igualdad de los españoles y la unidad de España". Un asunto en el que el secretario provincial del PSOE, Antonio Plaza, se le aproxima, "el independentismo no tiene recorrido", cita al lehendakari vasco, Iñigo Urkullu. En todo caso, la revisión, que "cuanto más se retrase será peor", debe centrarse en ciertos aspectos y no en el fondo, además de "reconocer las peculiaridades de cada territorio", indica el socialista, "sin perder de vista que España debe ser solidaria al repartir presupuestos y conseguir un desarrollo territorial armónico".

Echa mano de la "cautela" cuando se le pregunta por un referéndum sobre la independencia para aclarar que "afecta a España y debe decidirse por todos". Mientras que Llamero estima imprescindible zanjar ese debate, "eterno e inevitable" en la historia del país, "sobre cómo organizarnos, es prioritario, si no no entendería la reforma constitucional". No concreta si debe o no hacerse con una consulta ciudadana, "si hay referéndum o no debe debatirse en cada lugar. No pueden ser las élites las que decidan".

Por contra, el líder de IU en la provincia y alcalde de la capital, Francisco Guarido, con una postura claramente favorable a la reforma constitucional para establecer la vivienda y el trabajo como derechos fundamentales, defiende el "sí al referéndum". Guarido asevera que "el derecho a decidir debe de existir, a nadie se le puede tener atado a una cadena y olvidarlo" y la solución no puede pasar por la imposición de las mayorías, debe llegar "con la negociación" para que la convivencia sea posible. Allí donde se pida, debe haber consulta, "es la forma de resolver los conflictos".

Desde Ciudadanos, que aboga por "ser valientes para reformar la Constitución, con un amplio consenso en cosas básicas", José Antonio Requejo insiste en que "no podemos estar con los que quieren romper España, no es necesario un referéndum, hay cosas que mejorar y otras importantes que mantener". En todo caso, si se planteara esa consulta, "hay que decidir entre todos, no por territorios".

La reforma del Senado es incuestionable para todos, PP y Ciudadanos con un acuerdo al respecto, "o se reforma o, tal y como está ahora, se cierra", abunda Requejo. Maíllo vuelve a incidir en el acuerdo con otros partidos "para darle contenido" y que transforme en una cámara de debate de cuestiones autonómicas y locales. En contra de lo que el PP está frontalmente es de la desaparición de las diputaciones provinciales, advierte su número tres nacional. El resto de cuestiones, tales como la línea de sucesión de la Corona, deben consensuarse, reitera.

En el PSOE, Plaza apunta que "hay que reeditar un consenso" para revisar el papel de esta Cámara "que debe representar los territorios". Respecto del resto de reformas que deberán acometerse, el líder provincial socialista apostilla que "no ocurre nada por actualizar aspectos que hayan podido quedar poco operativos en estos años, pero no olvidemos que esta Constitución surgió del consenso y lleva muchos años vigente y nos ha dado una época de paz y prosperidad" al país.

Guarido, por su parte, apuesta por modificar también las circunscripciones para que dejen de ser provinciales, como estipula la Carta Magna, y pasen a ser autonómicas, con lo que los grupos políticos más pequeños podrán tener una mayor representación en el parlamento español.