"Era un galimatías de pagarés", la empresa zamorana Cetragran entró "en un bucle del que no se podía salir" ya en diciembre de 2008, con una deuda acumulada en octubre de 7,6 millones de euros con la empresa almeriense Eurotaif siglo XXI, explicó ayer el contable de Cetragran en el juicio que se sigue contra los dos administradores únicos en la Audiencia Provincial, cuyos nombres responden a las iniciales de A.F. y M.F., para los que la Fiscalía exige 11 años de prisión.

El empleado recalcó que A.F., llevaba personalmente la empresa "de forma autoritaria", "hacía y deshacía", y que le desoyó cuando "le dije en noviembre o diciembre de 2008 que debía presentar el concurso de acreedores, que la situación se iba a agravar si refinanciaba" la deuda con Caja Rural. Y lo hizo, pero los 5,5 millones no sirvieron para reflotar Cetragran, que entraría en concurso de acreedores en julio de 2009 por las deudas y que terminó con una sentencia condenatoria del Juzgado de lo Mercantil para los dos administradores como culpables de la mala gestión de Cetragran.

"Ese dinero" concedido por Caja Rural "solo podía llegar hasta febrero, a finales de ese mes la liquidez estaría agotada de nuevo" y el trabajador se lo advirtió a su jefe, pero no le tuvo en cuenta. "Yo veía que se iba acabando" ese dinero "y se seguían emitiendo pagarés, por eso me causaba estrés", explicó. Ya, "desde finales de ese mes, "había riesgo de impago", llegó a concretar a preguntas de uno de los tres abogados de los acreedores que ejercen la acusación particular.

La empresa ya atravesaba unos malos momentos, concretó el contable, cuando en octubre de ese año se le sirvieron a Eurotaif 42.600 toneladas de cereal (por unos 7 millones), a pesar de que ya tenía 900.000 euros de deuda por compras anteriores, tras la devolución en octubre de pagarés. Una decisión que "no me cabía en la cabeza, que en ese momento tan crítico se actuara con pagarés y sin pedir avales a Eurotaif". Subrayó que a esta empresa "se le vendían volúmenes muy grandes y, por tanto, la situación iba a peor", hasta 18 millones de euros.

El contable intentó que se le despidiera, pero no lograba que A.F. lo hiciera, y, ante la imposibilidad de soportar el "estrés" al que estaba sometido por la mala gestión, por "la insolvencia conocida también por M.F.", decidió despedirse a primeros de mayo de 2009 porque "era insufrible", "la situación me supera". A preguntas del abogado de M.F., declaró desconocer que el hermano de esta socia "negoció la deuda personalmente" el 12 de enero de 2009 con el propietario de Eurotaif, quien "personalmente avaló los 8 millones de deuda", explicó el letrado. Como tampoco supo que Hacienda giraría una inspección hasta que los funcionarios no llegaron a Cetragran. Después, acudían "cada quince o veinte días", concretó el contable. El abogado de M. F. aprovechó el interrogatorio para recordar que en nombre de Cetragran se presentó una querella criminal contra el Eurotaif por no abonar los pagarés.

El trabajador reiteró, a preguntas del abogado de la defensa de M.F., que él no tuvo ninguna relación laboral con esta administradora, a quien vio entre cuatro y seis veces en dos años, "nunca la informé de los problemas" de solvencia de Cetragran.

Otro de los testimonios clave fue el del jefe de la Unidad de Policía Nacional que investigó la causa y llegó a la conclusión de que existían indicios de los delitos que se imputan a los dos hermanos, entre los que está, al margen de la estafa, el societario porque "si la situación de la sociedad era perfectamente conocida" por los dueños "y siguen comprando masivamente cereal, entiendo que no es una buena política de empresa". De igual manera, informaron sobre el posible delito de alzamiento de bienes, con la venta de dos parcelas, una de las operaciones hecha por M.F. a un cuñado, sin que se reflejara en el registro la relación de parentesco, hecha poco antes de que se declarara el concurso de acreedores. También vendieron otra finca a un hermano.

El agente abundó en la "cantidad de operaciones de compra-venta entre mayo y junio" de 2009 "sin declarar en la contabilidad".

El fiscal exige para cada uno de los dos administradores de Cetragran, A.F. y M.F., 6 años de prisión por un delito continuado de estafa; tres, por el de alzamiento de bienes; y otros dos, por otro societario; multas de 27.000 euros y una indemnización a los acreedores de casi 500.000 euros. Los abogados de las tres empresas personadas en la causa exigen esos mismos 11 años de prisión para cada procesado por los mismos delitos.