Las Cortes de Castilla y León aprobaron el pasado mes de octubre, con los votos favorables de Partido Popular, PSOE, Podemos e Izquierda Unida, una modificación legal que impedirá la existencia de gasolineras desatendidas en este territorio y obligará a estos establecimientos a contar al menos con un empleado cuando permanezcan abiertos. Las cooperativas agrarias que disponen de surtidores para sus asociados quedan excluidas de esta normativa, al considerar los legisladores que no se trata suministro a terceros, sino limitado a sus cooperativistas. Una decisión no ha gustado a todos los ámbitos relacionados con el sector.
La Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Uracyl), de hecho, ya manifestó en su momento que la decisión "queda desmontada por el reciente informe de la CNMC, que muestra que las instalaciones sin personal cumplen con todas las medidas de seguridad y atención que el cliente precisa, reguladas por las leyes de seguridad industrial vigentes". Además, añaden, "no se tiene en cuenta el grave perjuicio que supone para las instalaciones ubicadas en el medio rural, mayoritariamente de titularidad cooperativa, que dan servicio no solo a los socios de las mismas sino a toda la población de los pueblos de Castilla y León, ofreciendo un producto de calidad a un precio competitivo".
