Cuatro zamoranos se enfrentan a una investigación judicial después de que la Guardia Civil les detuviera por practicar el furtivismo furtivismo en diferentes puntos de la provincia, dentro de la operación Vareto de lucha contra la caza ilegal, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. La campaña se completó con 456 actuaciones en Zamora, según los datos oficiales, y sirvió para que los agentes del Seprona de la Comandancia de Zamora llevaran a cabo 65 denuncias e identificaran a 165 cazadores, además de incautarse de tres armas de fuego.
La campaña, en la que también participa de la Consejería de Medio Ambiente y que se desarrolló en toda la comunidad autónoma de forma simultánea, se organizó en el transcurso de seis reuniones celebradas para coordinar el trabajo. El objetivo era controlar el furtivismo en la provincia, al igual que en el resto de las que conforman la comunidad autónoma, con actuaciones diseñadas para erradicar el "grave perjuicio económico" que esa actividad ilegal causa a los propietarios de los cotos de caza, "entre los que se encuentran numerosos ayuntamientos, juntas vecinales, y juntas agropecuarias locales", concreta la información facilitada por la Delegación del Gobierno.
El balance de las diferentes actuaciones desarrolladas en toda Castilla y León concluye con 13 personas detenidas o investigadas por la práctica del furtivismo y 328 denuncias formuladas. Los agentes de la Guardia Civil indentificaron a 585 personas, intervinieron 26 armas, 27 trofeos y un silenciador. Los servicios específicos llevados a cabo en esta operación Vareto sumaron un total de 2.541 en las nueve provincias de Castilla y León. Con la puesta en marcha de la citada operación Vareto se ha reducido de forma significativa la práctica habitual de abatir más ejemplares de los autorizados, así como la "no colocación" de los correspondientes precintos, según la Delegación del Gobierno central.
El Seprona y la Consejería de Medio Ambiente participaron en 49 reuniones localizadas en los distintos territorios de la comunidad para organizar las intervenciones contra el furtivismo, una práctica que afecta a los cotos y espacios naturales donde se localizan fauna salvaje, especies protegidas y cinegéticas se cazan fuera de las épocas de veda y haciendo uso de métodos ilegales.
