El último interrogatorio del exjefe de control de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), tras descubrirse que rehabilitó una pensión de viudedad para beneficiar a una amiga, cierra las diligencias abiertas por el Juzgado para determinar cómo se produjo el fraude de 550.000 euros al admitir el funcionario jubilado los hechos que se le atribuyen, según ha podido saber este diario.

El trabajador del INSS, cuyas iniciales son C.Ch.V., creyó poder zanjar las ilegalidades que estaba cometiendo antes de dejar la Administración por su jubilación, lo que le permitiría irse sin ser descubierto. Y estuvo muy cerca de lograrlo, puesto que hacia mayo de 2016 dio de baja la pensión de su abuelo en el INSS, prestación que percibió personalmente durante 17 años y le reportó la elevada cuantía. Las sospechas se generaron en el banco donde tenía domiciliada la pensión su abuelo, fallecido en 1994, en la que el funcionario estaba autorizado. Algo no cuadraba cuando entregó un DNI antiguo del titular de la cuenta y manipulado, al que faltaba una de las numeraciones del documento. El DNI era imprescindible para cumplir la Ley contra el blanqueo de capitales y mantener la cuenta.

La entidad financiera decidió remitir el caso al servicio especial de blanqueo de capitales para investigar si estaba habiendo alguna ilegalidad. El caso terminó en la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, donde finalmente se comprobó la existencia de fraude a la Seguridad Social, delito que cometió por su posición privilegiada. Como jefe de sección, podía dar de baja y de alta pensiones, rehabilitarlas, acceder a las bases de cotización y a los datos de los beneficiarios sin que su trabajo fuera supervisado por otro superior.

Fue, precisamente ese DNI, y no el de su progenitor, el que modificó para hacer ver al banco que el pensionista, fallecido 22 años atrás, estaba vivo, al objeto de no perder el dinero que permanecía en la cuenta, tras la entrada en vigor de la Ley contra el blanqueo de capitales.

La confusión inicial, que llevó a creer que el exjefe de control de pensiones había falsificado el DNI del padre, se debe a que ambos familiares compartían nombre y apellidos. Esto explica que se creyera que C.Ch.V. había percibido desde 2010, cuando falleció su progenitor, y hasta poco antes de jubilarse las pensiones de aquel: una de autónomo y otra del Régimen Especial Agrario (REA), cuyas bases de cotización sí que habría incrementado hasta el máximo permitido.

Las averiguaciones efectuadas por el propio personal del INSS determinaron que a su padre le incrementó las bases de cotización, como había hecho con las pensiones reactivadas del abuelo y de viudedad que adjudicó a una amiga para que cobraran el máximo permitido. La mujer llegó a ingresar unos 16.000 euros en 10 meses porque también generó una pensión de orfandad a su hijo menor de edad.