"La grandeza de una nación se mide por cómo trata a sus animales". La cita de Gandi sirvió a la fiscal de Medio Ambiente, que pide la pena máxima de un año de cárcel para el propietario de dos yeguas muertas "por desnutrición" en la zona de El Cañizal, para incidir en el reproche social que debe imperar hacia quienes no cuidan de sus animales. Precisamente, al procesado se le imputa un delito continuado de maltrato animal, delito por el que se solicita al Juzgado de lo Penal que se le inhabilite durante 3 años para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con los animales.
La fiscal se basó en los informes emitidos por la unidad veterinaria de Fuentesaúco que realizó la inspección de los animales y de la finca en la que estaban recogidos, donde el dueño tenía otros dos caballos y un potro al que amamantaba una de las yeguas y que murió al poco de la madre. La Guardia Civil inició la investigación el 23 de marzo de 2015 después de que la compañía con la que el imputado tenía asegurada la yegua muerta denunciara a su dueño por el intento de cobrar 3.000 euros por el animal, al sospechar que había fallecido por inanición, "muerta de hambre", como indicaron los veterinarios, subrayó la fiscal durante el juicio celebrado ayer. Los agentes del Seprona que fueron a la finca el 7 de abril, antes de la muerte de la yegua, ya describieron que esta, el potro y otros tres caballos que había en la finca "estaban delgados y sin agua", agregó el Ministerio Público. Una acusación que el procesado, de iniciales P.T.C., negó al explicar que tenía instalados bebederos automáticos y que había forraje en la parcela, que se suministraba de forma mecanizada, si bien los guardias y los veterinarios que testificaron indicaron que había poco y de mala calidad. El abogado del imputado pidió su absolución, puesto que la causa de la muerte no está determinada, asegura, para desprestigiar el informe del veterinario de la aseguradora, "lo que dice es para no pagar".
