La ilegalidad ahora en fase de investigación judicial comienza a tener efecto "contante y sonante" en diciembre de 2015, pero con un ingreso de entorno a los 3.000 euros. Las pesquisas llevadas a cabo por el propio INSS descubrieron que la mujer, inmigrante que trabaja en el sector de la hostelería, percibió el primer pago en esa fecha. Los siguientes meses, la pensión se fijó en unos 1.100 euros, según la información recabada por este diario. El engaño se perpetúa hasta el mes de octubre aproximadamente, una vez que el exjefe de control de pensiones del citado organismo fue investigado en el Juzgado, descubierto por la entidad bancaria en la que tenía domiciliada la jubilación de su padre fallecido cinco años atrás, en una cuenta compartida. La exigencia del DNI electrónico por parte de la entidad financiera en cumplimiento de la Ley contra el blanqueo de capitales fue el detonante para que se descubriera la farsa del máximo responsable del departamento de control de pensiones, quien no pudo justificar, lógicamente, que su progenitor estaba vivo. El INSS contabilizó otros dos casos, el de su abuelo, pensión que también cobraba él, y el de esta mujer.