Más de medio centenar de municipios zamoranos ha solicitado al Gobierno una actualización catastral de cara al año que viene. La medida, que no necesariamente tiene que traducirse en un aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles -IBI-, está íntimamente relacionada con el gravamen, el que más ingresos deja en las arcas municipales de prácticamente todos los pueblos. La medida la solicitan en esta ocasión aproximadamente el veinte por ciento de los ayuntamientos zamoranos, según indica el Boletín Oficial del Estado. Los coeficientes de actualización son aprobados habitualmente por parte del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Sin embargo, un Ejecutivo en funciones no tiene competencias para aprobar los presupuestos del año que viene, por lo que habrá que decidir si se prorroga las actuales tablas correctoras o si se crean unas nuevas a través de un decreto ley.

Los ayuntamientos que el año que viene pretenden actualizar su valor catastral cumplen varios requisitos. Primero, lo comunicaron a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo, y también justificaron que existen diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que en su día sirvieron de base para el cálculo de los valores catastrales vigentes. Además, deben de haber transcurrido un mínimo de cinco años desde que se hizo la última actualización catastral. Esto es, para realizar una actualización en el año 2017, como se pretende, se solicita que la ponencia actual sea, como muy reciente, del año 2012.

Según indican fuentes del ministerio, la gran mayoría de los más de dos mil consistorios que ha pedido la actualización catastral en toda España lo hace para obtener de forma indirecta una subida del IBI. Así, los ayuntamiento no suben los tipos del impuesto que se aplican sobre los bienes inmuebles pero sí el valor del bien al que se aplican dichos tipos. Tradicionalmente, cerca del 90% de los ayuntamientos que pide la revisión lo hace para subir los valores y solo un 10% para rebajarlos, aseguran las mismas fuentes.

Los ayuntamientos que han pedido la actualización catastral pueden englobarse en dos categorías principales. Por un lado están aquellos cuyas últimas actualizaciones son antiguas. En algunos casos las últimas tablas aprobadas datan de finales de los años ochenta y principios de los noventa y, aunque ha habido una graves crisis de por medio, es un hecho que las viviendas se han revalorizado en este periodo. Por tanto, todo hace indicar que los ayuntamientos cuyas últimas actualizaciones son muy antiguas piden una revisión de tablas para poder tener la potestad de subir el impuesto, independientemente de que al final lo hagan o no.

Por otro lado están aquellos cuyas últimas actualizaciones datan de los años 2003 a 2012. Estos, en muchos casos, aprobaron sus últimas tablas en plena burbuja inmobiliaria, por lo que no es descabellado pensar que ahora los inmuebles valen menos. En este caso, si se rebajan los valores catastrales, los ayuntamientos tendrían que subir el tipo del IBI para mantener los ingresos. No obstante, la decisión final sobre el impuesto pertenece a los distintos equipos de Gobierno municipales, indicen desde Hacienda.