El juez y la fiscal que investigan al exjefe de la sección de control de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por un presunto fraude a ese organismo de más de 500.000 euros, obtenidos con el cobro durante años de jubilaciones de su abuelo y su padre una vez fallecidos, han conocido ya la versión del exfuncionario de 63 años, jubilado este mismo año.

El acusado, de iniciales C. Ch., se enfrentaría -como ya adelantó ayer La Opinión-El Correo de Zamora- a delitos de apropiación indebida y de falsificación de documento público, entre otros, ya que habría manipulado los datos de los familiares para simular que continuaban con vida. Así, podría seguir ingresando durante años las pensiones del abuelo y el padre en las cuentas compartidas que tenían, de las que sería cotitular o en las que estaría autorizado para realizar operaciones de extracción de fondos, según ha podido saber este diario.

El interrogatorio giraría en torno a la presunta conducta delictiva que habría tenido desde 1999, cuando comenzaría a perpetrar el primero de los delitos de apropiación indebida, ejercicio en el que, al parecer, rehabilitó la jubilación de su abuelo, fallecido cuatro o cinco años antes. Además, no solo habría reactivado esa pensión, sino que habría incrementado la base reguladora hasta el 100% y la habría transformado en una de gran invalidez, que permite cobrar hasta el 150% de la base reguladora.

Cuando murió su padre, en el año 2011, volvería a poner en marcha el mismo mecanismo para seguir percibiendo los ingresos, en este caso, de una pensión de autónomo, por la que la base de cotización era del 100%; y de otra de Régimen Especial Agrario (REA), sobre la que supuestamente también maniobró para elevar del 70% al 100% la base reguladora.

El detonante de las acciones judiciales fue la denuncia interpuesta por el banco con el que operaba el acusado como autorizado o cotitular en la cuenta de su progenitor, al exigirle la entidad financiera que el primer titular de la misma acudiera para identificarse. Y es que el acusado no disponía del DNI original de su padre, que debía aportar en aplicación de la Ley contra el blanqueo de capitales, sino de una fotocopia, que, al parecer, fue manipulada.

El empleado público llegaría, incluso, a presentar un certificado de videncia -ya prácticamente en desuso en el INSS-, lo que tampoco le serviría para justificar que su progenitor vivía. Ante el proceder sospechoso del exjefe de sección del Inss, la entidad decidió poner los hechos en conocimiento del servicio de investigación de posibles casos de blanqueo de dinero, lo que habría acabado por descubrir las ilegalidades que ahora se achacan al exfuncionario.