El Gobierno del Partido Nacionalista radical de India utiliza la religión como arma para el control social y político, a través de la persecución de otras religiones minoritarias como la cristiana, que representa el 2,3% de la población, y musulmana, que suma el 14%, frente al 80% de la creencia induísta. Un ataque que no es nuevo, "siempre ha existido", aunque se ha recrudecido en los últimos años "al extenderse el cristianismo entre la casta de los intocables", la más baja en India, a quienes los religiosos otorgan la posibilidad de avanzar a nivel cultural y "en dignidad como persona", lo que el Gobierno trata de combatir para mantener a este grupo mayoritario como grupo marginado. "El Gobierno ha promovido estos ataques porque lo perciben como un peligro para sus intereses económicos y políticos", según denuncian los sacerdotes católicos Mrutyunjaya y Santosh Rumar, quienes ejercen su labor religiosa en el distrito de Kandhanal, en la ciudad de Orissa.

El Partido Nacionalista, en el poder desde 2014, "utiliza el sentimiento religioso con fines políticos, poraliza a la sociedad por intereses políticos y se aprovecha de la falta de educación de los ciudadanos indúes para usar ese sentimiento religioso a su favor político y posicionarse", añaden los religiosos. De modo que, desde que se hace cargo del Gobierno, al partido le interesa radicalizar los ataques, con los que logra que los intocables, "dalits", abandonen sus lugares de residencia en busca de su propia supervivencia, lo que da carta blanca al Gobierno para poder vender las tierras a grandes multinacionales, para la explotación de los recursos naturales, entre los que destacan la minería, la producción de hierro, carbón y manganeso, entre otros. Y sin posibilidad de protestar sin ser condenados "por antipatriotas".

El mismo trato reciben los musulmanes, "los ataques a ambas minorías han ido creciendo en los últimos años en Orissa", donde en 2008 ocurrió uno de los más cruentos contra cristianos: 56.000 personas se quedaron sin hogar, más de 5.000 casas fueron destruídas e incendiadas; y cien personas, brutalmente asesinadas, uno de ellos sacerdote. Muchas fueron quemadas y golpeadas salvajemente, entre ellas monjas, también violadas, una religiosa públicamente. Más de 100.000 niños se fueron de la zona, perdieron la posibilidad de continuar con sus estudios y con una vida digna, como víctimas de esos ataques, que se extienden también a través de leyes dictadas por el Gobierno contra estas minorías cristianas, sobre todo los "dalits", para la persecución por motivo de creencia, aunque la Constitución indú permite la pluralidad. Esto conduce a la migración y la ocupación de sus tierras por el Gobierno para su venta a compañías.