El diputado no adscrito en la institución provincial, el expopular Ángel Prada, condenado a siete años de inhabilitación por el Juzgado de lo Penal de Zamora, evitó ayer una nueva sesión plenaria de la Diputación. A pesar de no haber renunciado ni a su acta de diputado ni, en consecuencia, a la Alcaldía del municipio de Rosinos, Prada lleva ya dos sesiones plenarias sin cumplir con sus obligaciones como diputado.
Sobre su ausencia no quisieron pronunciarse ni la propia presidenta de la Diputación Provincial, Mayte Martín Pozo, ni ningún otro diputado del equipo de Gobierno, que guardaron mutismo absoluto al respecto después de que en varias ocasiones hayan pedido que renuncie a su acta, sobre todo, tras conocer el fallo judicial. En su última intervención plenaria Prada argumentó ante los diputados que "siempre he actuado conforme al sentido ético de la política" y aseguró que "se me condena por pasividad, nunca por corrupción, por actos administrativos de los que no me avergüenzo", a la vez que aclaró que fue de él de quien partió la iniciativa de pedir la baja del Partido Popular.
