El magistrada del Juzgado de lo Penal estudia ya para fijar fecha de juicio para el caso del tráfico de licores en el que dos zamoranos están imputados por dos delitos contra la Hacienda Pública por eludir entre 2006 y 2007 el pago del IVA que graba la venta de licores, ilegalidad que la Fiscalía Provincial les acusa de haber defraudado 11,4 millones de euros al erario público y por la que exige imponer a cada uno de los imputados 8 años de prisión (cuatro por cada delito).
El voluminoso asunto se inició en año 2009, con una operación de la Guardia Civil para desarticular una red internacional de tráfico de licores y alimentos, de la que participaba la empresa Cedilla S.L., ubicada en Los Llanos de Zamora, para lo que las sociedades utilizaban el sistema denominado "carrusel", según el escrito de acusación elaborado por el Ministerio Público.
La localización del supuesto cabecilla de la trama, un ciudadano italiano, fue ardua, de modo que el Juzgado instructor tardó años en poder determinar dónde estaba su paradero para ordenar su detención y posterior interrogatorio. Estas dificultades contribuyeron a dilatar las diligencias judiciales que concluirán con la celebración del juicio, que posiblemente no se celebre hasta el próximo año, dado lo voluminoso del asunto y el atasco del Juzgado zamorano.
La magistrada de lo Penal tendrá que decidir si impone la condena que solicita el fiscal, que también exige a los dos zamoranos procesados que devuelvan la cantidad que habrían defraudado, junto con un empresario italiano y otro del País Vasco, a las arcas del Estado conjunta y solidariamente.
La acusación pública solicita para el empresario vasco y el italiano las mismas penas de prisión, cuatro años por cada uno de los dos delitos de fraude del IVA cometidos en 2006 y 2007. Además, al empresario italiano y a otro de Gerona les exige cuatro años de reclusión para cada uno de los dos delitos de impago de impuestos especiales sobre la venta de alcohol en las mismas anualidades.
Estos últimos habrían defraudado 8,5 millones en 2006 y 9,8 millones en 2007, cantidades que ha calculado el Ministerio Público, quien solicita a la juez que condene a devolver.
El abogado del Estado también está personado en la causa, en representación de la Hacienda pública como parte perjudicada. El procedimiento judicial se inició, precisamente, tras una inspección de Hacienda sobre actividades mercantiles, que detectó el supuesto fraude, delitos que suelen desembocar en largos procedimientos judiciales que, en muchos casos, quedan impunes por las dificultades a la hora de recabar pruebas.
La magistrada que ha instruido la causa, la titular del Juzgado número 3 de la capital, imputó a los seis empresarios, cuyas defensas han recurrido diversos aspectos del procedimiento, lo que explica que hayan transcurrido dos años desde que la Fiscalía elaboró su escrito de acusación hasta que se ha podido cerrar la instrucción y elevar la causa al Juzgado de lo Penal.
La juez imputó los delitos por el impago del IVA y del impuesto especial de alcohol en las anualidades de 2006 y 2007 a seis supuestos integrantes de una red internacional de tráfico de licores, con la que se defraudó al Estado casi 30 millones de euros. En ese auto la juez abrió procedimiento abreviado, previo a la celebración del juicio que se desarrollaría en el Juzgado de lo Penal, al castigarse las infracciones penadas con hasta cinco años de prisión cada una de ellas. Según todos los indicios, un ciudadano italiano, buscado por la Interpol, fue el cabecilla de la red internacional de tráfico de alcohol, investigada con la ayuda de la Brigada Especial de Delitos Monetarios de la Guardia Civil de Madrid. La organización tenía sus instalaciones ubicadas en el puerto de Barcelona, donde recibía la mercancía adquirida en diferentes puntos de España y a diversas empresas para su exportación, mercancía que incluía no solo licores, sino también alimentos, de acuerdo con la información que trascendió en su día.
Con la actividad ilícita se trataba de recuperar el dinero relativo al 16% del impuesto especial que graba este artículo y que las empresas implicadas en la organización nunca llegaron a pagar realmente, si bien lo reclamaron a la Hacienda pública española tras simular el abono porque las operaciones entre países de la UE están exentas de ese gravamen.
