Los pensionistas y funcionarios de la provincia de Zamora viven estos días pendientes de qué pasará con sus ingresos de cara al próximo año, unos cambios que normalmente están asegurados pero que ahora quedan muy en entredicho por la ausencia de Gobierno. La explicación hay que buscarla en los Presupuestos Generales del Estado, que permiten que las prestaciones públicas lleguen a todas las personas con derecho a ello y financian los servicios públicos. Si no hay presupuestos, por tanto, ni las pensiones ni los sueldos de los trabajadores públicos podrán, en teoría, actualizarse. Ya lo aseguró el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "es importante formar Gobierno porque nos encontramos ante decisiones que afectan a pensionistas o funcionarios, que necesitan que haya presupuestos".

La situación influye más en Zamora que en otras provincias por dos razones. Primero, por el elevado grado de envejecimiento de la población, algo que lleva a que porcentualmente haya en la provincia muchos más pensionistas que en otros territorios del país, donde la población es objetivamente más joven. Además, en Zamora las administraciones públicas tienen un peso determinante en la creación y mantenimiento del empleo, también más que en otras zonas de España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística actualizados a finales del mes pasado en Zamora hay 49.902 pensionistas, muchos de ellos jubilados, que aún no saben qué pasará con sus pagas de cara al próximo año. Además, hay 10.897 trabajadores públicos según los datos del Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas elaborado por el Ministerio de Hacienda. En total, más de 60.000 personas que a día de hoy no saben si sus sueldos subirán o se mantendrán en 2017.

En el caso de los funcionarios las actualizaciones salariales son más complicadas, pero por lo que refiere a los pensionistas, con los incrementos de los últimos años en la mano, todo hace prever que la subida sería del 0,25%. Esto es consecuencia de la modificación de la norma introducida por el Gobierno, que posibilita a los pensionistas un incremento mínimo del 0,25% año tras año y un máximo del 0,25 más lo que haya aumentado el IPC, que en las últimas fechas no está especialmente en auge.