La exalcaldesa de Zamora y procuradora del PP en las Cortes de Castilla y León por la provincia se enfrenta por el delito contra la Seguridad Vial, al conducir ebria, con una tasa de 0,77, podría saldar sus cuentas con la justicia con la realización de trabajos en beneficio de la comunidad durante un mínimo de 31 días o un máximo de 90, lo que queda a criterio del magistrado que la juzgue, que podría decantarse por una multa. En este último supuesto, la exvicepresidenta del Gobierno regional se enfrenta al pago de la cuantía que establezca el juez que puede oscilar, en función de la gravedad de la infracción, entre los tres y los doce meses.
Lo que sí conlleva la pena que impone el artículo 379 de la Ley de Seguridad Vial es la retirada del carné de conducir durante más de un año, con un límite de suspensión del permiso para circular de hasta cuatro años. El nivel de alcohol en aire aspirado que convierte la infracción administrativa en delito es de 0,60 miligramos.
