Nadie ha podido responder dónde se encuentran los 156.440 kilos de piñas procedentes de un presunto robo, reclamados por quien fue procesado judicialmente como presunto ladrón de la mercancía y que, al no poderse probar su sustracción, ha vuelto a convertirse en su dueño legal. Ahora, el Ministerio de Justicia tendrá que responder de la denuncia del que fuera imputado y absuelto, quien solicitó la devolución de las piñas y se encontró con la sorpresa de que habían desaparecido.

Ante la imposibilidad de recuperar el cargamento, intervenido por la Guardia Civil el 3 de diciembre de 2011, el dueño y exprocesado reclama ahora al Juzgado el pago de 140.796 euros, cuantía que se corresponde con el valor que tendría en el mercado del producto esfumado.

El afectado acusa a Justicia de "funcionamiento anormal de la Administración", ya que las piñas no han vuelto a aparecer, tras ser depositadas por orden del juez en una empresa del sector hasta que concluyera la investigación en el Juzgado de Toro y se celebrase el juicio. Es posible que fueran destruidas, si bien el Juzgado que ahora tenga que investigar ahora la denuncia tendrá que determinar qué destino se le dio a este producto, en su día prueba esencial para imputar a su dueño en el robo del que se le acusaba, que fue situado en fincas de Toro y Valladolid.

La falta de pruebas impidió demostrar la imputación en ese delito del arrestado, a pesar de que la Guardia Civil le detuvo y se incautó de cinco camiones de su propiedad que contenían los 156.440 kilos de piñas que trataba de vender de forma ilegal, según el escrito de acusación de la Fiscalía. El Ministerio Público le exigía 20 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para comerciar por la venta ilegal de la mercancía supuestamente robada en Toro y Valladolid. En el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal, el acusado aportó el testimonio de varios testigos, de nacionalidad rumana, que afirmaron haber vendido las piñas al imputado, lo que echó por tierra los argumentos de la Fiscalía.

La investigación de la Guardia Civil iniciada cuando la Asociación de Piñeros de Valladolid denunció los robos de los que estaban siendo objeto sus representados. La detención del propietario de la flota de camiones se produjo el 3 de diciembre de 2011, cuando se había denunciado la desaparición de piñas en las zonas de Toro y de Valladolid, sustracciones perpetradas por ciudadanos rumanos, según constaba en las diligencias abiertas por la Guardia Civil y que se siguieron en el Juzgado de Toro. Los agentes concluyeron que las piñas que el imputado tenía en su poder, cargadas en sus cinco vehículos y dispuestas para su venta sin permiso en Valladolid, a tiendas de frutos secos, eran las sustraídas en días anteriores. Los agentes se incautaron de la mercancía y le arrestaron. Finalmente, no se pudo probar que su procedencia fuera de un robo.