Una sentencia obliga a la Escuela de Relaciones Laborales a incorporar de forma inminente y a abonar los salarios dejados de percibir desde febrero de 2016, 4.259 euros, a una profesora que fue apartada de la docencia, tras 25 años (desde la creación del centro) ocupando la plaza, por una excedencia voluntaria impuesta por el propio centro, con la excusa de que no había presentado la compatibilidad, argumento que tira abajo la titular del Juzgado de lo Social número 2 de Zamora, ante la que interpuso una demanda para exigir sus derechos.

La profesora, funcionaria de la Junta de Castilla y León, denuncia que detrás de esta decisión que ahora la juez declara ilegal se esconde una persecución hacia su persona por parte de la dirección de la Escuela, en la que lleva desde 1991 impartiendo clases, lo que se demuestra porque otro profesor en las mismas condiciones respecto de la compatibilidad de puestos de trabajo y sigue ejerciendo sin problema ninguno. En cambio, otro docente se ha visto abocado a interponer otra demanda por los mismos motivos que esta profesora, mientras que otra, sin estar afectada por la compatibilidad, podría correr la misma suerte y tener que recurrir a la vía judicial para impedir que se le aparte de la docencia por la dirección de la Escuela, indica la afectada y beneficiada por la sentencia judicial, M.L.P.F., que prefiere mantenerse en el anonimato.

Es la propia Escuela la que decide, sin justificación legal según la sentencia, que la profesora queda en situación de excedencia voluntaria a partir del 20 de febrero de 2016, a pesar de que la afectada había presentado la correspondiente compatibilidad de sus funciones como docente con las de empleada pública, a través de una resolución de la Junta de 2 de marzo de 2012 que iba renovando anualmente, la última el 1 de diciembre de 2015. Una autorización que, como recoge la propia sentencia como hecho probado, emitida por la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, con vigencia para el periodo 2015/2016.

Frente al argumento de la dirección del centro de que trató sin conseguirlo notificar la incompatibilidad a la profesora, la sentencia subraya que está acreditado que esta tenía la autorización pertinente vigente para realizar la labor profesional como docente de la Escuela Universitaria, reconocida por el órgano competente para ello, por lo que no ha lugar a discutirse en el procedimiento judicial si estaba bien o mal concedida, como pretendía la demandada.

La competencia es solo de la Junta de Castilla y León, que sí autorizó a su empleada a ejercer como docente, a pesar de ello, se le trató de notificar en el propio aula por tres veces una incompatibilidad que ahora el Juzgado confirma que nunca existió. Incluso la profesora tuvo que verse en la incómoda situación de que a la puerta de un aula, cuando iba a realizar un examen a sus alumnos, se le tratara de comunicar esa incompatibilidad sin haberlo intentado siquiera en su domicilio particular, indica la docente.

La afectada llegó un día a su clase, comenzado ya el curso, y se encontró con el aula vacía porque comunicaron a los alumnos por correo electrónico que se suspendía la clase, recuerda visiblemente dolida por la difícil situación atravesada durante estos meses, hasta tener una sentencia que corrobore que nunca cometió ilegalidad alguna y que reconozca su derecho a compaginar su trabajo como funcionaria con la impartición de clases. Dos compañeros nuevos de la Escuela asumieron las asignaturas que ella venía dando desde hacía años.