Cerca de 400 policías, militares y guardias civiles heridos en acto de servicio recurren al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, por considerar que sufren discriminación respecto a sus compañeros víctimas de atentados terroristas, según informa el bufete de abogados Osuna, que lleva la causa desde el 2009.

Los afectados exigen percibir la misma pensión por invalidez que reciben los incapacitados por actos terroristas. La disposición que crea esta diferencia se remonta a 1984, cuando las pensiones de los heridos en acto de servicio se limitaron a 187.950 pesetas (1.129 euros). La medida era de carácter provisional, pero "se ha ido alargando en el tiempo sin ningún sentido", denuncian los demandantes.

De los más de 300 agentes y militares que consideran su derecho vulnerado, tres son de Zamora. Un guardia civil, un policía y un militar heridos mientras realizaban su trabajo. El primero, de 65 años en la actualidad, sufrió una lesión que le conllevó la amputación de una pierna mientras realizaba un rescate en los Picos de Europa hace 25 años; el segundo, que tiene dos hijos, recibió varios balazos, mientras intentaba impedir un atraco, que le supusieron la pérdida del brazo y lesiones en la columna vertebral, lleva 15 años postrado en una silla de ruedas; y el tercero quedó incapacitado tras sufrir graves daños en ambas piernas y la clavícula mientras realizaba unas maniobras en helicóptero con el ejército.

Los trabajadores impedidos exigen que se les remunere el montante íntegro, y sin limitaciones, de la pensión por invalidez, retirando ese tope que se impuso en 1984. Hasta el momento, la negativa ha sido la respuesta constante de la justicia española, ahora Estrasburgo es la penúltima esperanza que les queda. El abogado Fernando Osuna se muestra positivo ya que "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es independiente y no responde ante el interés de ningún país en particular".

Este es uno de los puntos en los que más han incidido desde el bufete, donde aseveran "que ellos cuentan con argumentos jurídicos y no políticos". Osuna afirma que "la limitación posee matices que responde a cuestiones políticas" y que nació con la clara intención de discriminar positivamente a los agentes heridos en atentados terroristas. Este parche, que nació con una corta esperanza de vida, se ha alargado hasta nuestro tiempo. Y con él, el litigio que ya cumple 7 años en los tribunales, "al cual solo hacen que unirse nuevos afectados", asegura Osuna.