El interventor municipal pidió la palabra al final del Pleno celebrado ayer por el Ayuntamiento para advertir que la inclusión del punto de subrogación de los trabajadores en el pliego de condiciones del nuevo contrato de la ORA, parkings subterráneos de San Martín y la Constitución y grúa era nulo, ya que carecía del preceptivo informe de su departamento. El alcalde, Francisco Guarido hizo caso omiso del reparo y, como ocurrió con un anterior apercibimiento del mismo funcionario, ha sido obviado con el fin de aprobar un contrato que lleva doce años anulado y que urge poner en marcha, debido a que una sentencia judicial autoriza a la empresa a abandonar el servicio. Los dos grupos que sustentan el equipo de Gobierno, PSOE e IU, más Ciudadanos y los no adscritos avalaron con su voto el contrato que, consideraron supone una mejora y modernización del servicio para el ciudadano, el desbloqueo de un problema de años e incluso una fuente de ingresos para el Consistorio, que se embolsará 240.000 euros al año.
El portavoz del Grupo Popular, José Luis González Prada, sin embargo, se empleó a fondo para criticar el contrato, no sólo por el reparto del informe de Intervención, que lo considera nulo, sino porque va a ser "un gran negocio" para la empresa adjudicataria , pero un gran perjuicio para los ciudadanos de Zamora, que van a ser los que paguen los 14,2 millones de euros en diez años y "un grave daño para la hacienda local. No es ninguna broma, ya que dentro de unos años no se van a poder hacer inversiones a cuenta de este contrato. Se puede consagrar una gran estafa".
La agria crítica popular contagió a los portavoces del equipo de Gobierno, e incluso al mismo alcalde, Francisco Guarido quien acusó a Prada de comportarse como "un verdadero enredador". El Pleno escenificó las malas relaciones entre Populares y Ciudadanos. El portavoz de este último grupo, Francisco Requejo, respondió a la crítica de falta de experiencia que le había lanzado el edil de la gaviota Víctor López de la Parte , a quien espetó que "ha hecho calor y le ha dado en la cabeza". Prada a su vez replicó a Requejo en su turno de réplica que "no estamos aquí para teatrillos. ¿Se ha leído el expediente y lo ha entendido?" y poco después acusaba al alcalde de que "le viene grande el cargo". El socialista Antidio Fagúndez consideró a los populares "debería darles vergüenza" haber estado doce años con el contrato caducado y sin "hacer nada".
Con lo aprobado ayer tiene que salir a adjudicación en contrato y después habrá que liquidar con la empresa concesionaria actual, que pide al Ayuntamiento "una cantidad millonaria".
El otro punto relevante del orden del día salió adelante de forma más plácida y sin votos en contra (aunque el PP se abstuvo): la apertura de expedientes para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica, en concreto revisar los nombres de las calles Alfonso Peña y Carlos Pinilla, la concesión de la medalla de la ciudad a este último y la reparación de los 43 funcionarios depurados del Ayuntamiento y los concejales destituidos, algunos fusilados, en agosto del 36.
Miguel Ángel Viñas justificó la apertura del expediente en la necesidad de cumplir la ley, como solicitaron las asociaciones Foro de la Memoria y Benito Pellitero, así como el Procurador del Común, mientras Ciudadanos pidió que no se convierta en un acto "revanchista". Previamente las mencionadas entidades habían convocado en la Plaza Mayor una concentración en la que participaron medio centenar de personas que exhibieron carteles con las fotografías y nombres de algunos de los depurados por el franquismo en Zamora.
El resto de los asuntos del orden del día fueron más de trámite. Se aprobó el gasto de 605.000 euros para pagar los intereses del fallido edificio municipal (ha costado a los zamoranos 4,5 millones y no hay ni solar, ni edificio) y de 200.000 para complementar la ayuda a domicilio.
Por urgencia se aprobaron las bases para la celebración de un mercadillo de productos agrarios ecológicos y de artesanía alimentaria para el 17 de septiembre y otro para el 19 de noviembre en la plaza de La Marina.
Y se aprobó la petición al Ministerio de Hacienda de la ampliación de la oferta de empleo público para sacar dos plazas de bomberos más para su cobertura por libre acceso.
