La ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento) de Zamora recaudará cada año 745.000 euros, mientras que su explotación tendrá un coste de 326.000, con un beneficio bruto de 319.000 euros que da de sobra para enjuagar las pérdidas de la grúa, que ingresará unos 86.000 euros, pero su coste de explotación suma 153.000. Son algunos de los datos facilitados ayer por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido y el teniente de alcalde y responsable de movilidad, Antidio Fagúndez, ante la próxima aprobación, el próximo martes en Pleno, del expediente para sacar el nuevo contrato de ambos servicios, el primero anulado por sentencia judicial hace una década.

Un contrato que también incluye los aparcamientos subterráneos, que se llevarán las ganancias que espera recibir el Ayuntamiento con el canon del contrato conjunto con ORA y grúa, 2.262.000 euros a lo largo de la década que durará la concesión.

En este caso ahora mismo el parking más utilizado es el de la Constitución, que tiene una ocupación que quintuplica al de San Martín, en el Casco Antiguo. Y es más rentable. Si la explotación del parking de la Constitución cuesta 156.000 euros al año, recauda 305.000, un superávit que permite afrontar el déficit del otro recinto, ya que mantener San Martín sale por 161.000 euros al año, pero solo recauda la mitad, 81.000 euros. Son al menos las previsiones que aporta el estudio económico que acompaña el proceso de licitación. La ORA, por su parte, tiene una alta ocupación, de un 70%, con 1.181 plazas, que son menos que las del año 1999, cuando se puso en marcha el servicio y cuando había 1.790.

Fagúndez cree que el contrato de la ORA de Zamora será atractivo para las empresas, ya que permitirá un margen de explotación suficiente para recuperar tanto el canon que tiene que pagar al Ayuntamiento como la inversión inicial de un millón de euros necesaria para reponer la obsoleta maquinaria actual de la zona azul, así como las adaptaciones a las nuevas normativas necesarias en los parking subterráneo.

Los políticos del equipo de Gobierno dijeron que no han podido facilitar antes los datos completos del expediente a los concejales de la oposición porque no los tenían ellos tampoco y culparon a los populares de no haber hecho nada en una década por resolver el problema de caducidad de los contratos, salvo gastar diez mil euros en un estudio que no sirvió para nada.

Los puestos de trabajo que establece el contrato, 29, son en principio más que suficientes para subrogar a los 26 empleados actuales.