Tres normas diferentes y una sola consecuencia: un sobrecoste económico difícil de entender. Durante los últimos años, los polígonos de Los Llanos y de La Hiniesta han vivido sometidos a tres disposiciones contra incendios que dejaban poco margen de maniobra a los industriales. La primera de ellas, la municipal, pasó a convertirse en la más restrictiva de las normas por las implicaciones de los denominados BIE, aunque con escapatorias. "Una serie de objeciones decían que en naves con parcelas de entre 500 y 1000 metros cuadrados se podían conectar los equipos a la red, tuvieran o no tuvieran la presión necesaria", explica Teófilo Ramos.
Sin embargo, llegó 1993 y un Real Decreto obligaba a cumplir una serie de condiciones. "Ese texto decía que cuando existiera un equipo BIE, se debía garantizar como mínimo una hora de presión y el caudal necesario. El Ayuntamiento lo empezó a exigir, por lo que las empresas tuvieron que adecuarse y las escapatorias dejaron de existir", indica. "En 2004 por fin se lanzó un Real Decreto contra incendios para edificios industriales, en el que se establecían medidas de carga de fuego de manera distinta y con sistemas modernos. Pero la situación era que, aunque una nave solo necesitara ocho extintores según este Decreto, debía instalar todo el equipo citado para cumplir con la normativa municipal. Un sobrecoste sin sentido", apunta.
