El exgerente y el exdirector de Asprosub Benavente acaban de ser condenados a cinco meses y 10 días de prisión por un delito de apropiación indebida de 49.000 euros que correspondían a usuarios internos para cubrir los gastos de residencia y que la organización no les entregó por decisión de ambos durante más de una año, a pesar de la advertencia de ilegalidad de una trabajadora social.

La pena de cárcel será sustituida por una multa de 1.280 euros que deberá abonar cada uno al Juzgado de lo Penal, cuyas iniciales son F.L.L. y C.G.F., al admitir los hechos y haber repuesto parte de las cantidades que dejaron de ingresar a internos, a los que aún se debe 12.000 euros, ya que la mayoría renunció a las cantidades en favor de Asprosub. Se trata del dinero correspondiente al 25% de la pensión que la Junta de Castilla y León concede a los usuarios de las instalaciones existentes en Benavente por incapacidad, una cuantía que a partir de 2010 debía dejar de ingresar la Asociación en sus cuentas en favor de los beneficiarios.

Sin embargo, los responsables de las finanzas de esta organización en esa ciudad incumplieron el acuerdo que habían firmado con la Junta en ese año, un convenio que establecía que Asprosub dejaría de ingresar la totalidad de la prestación que al Administración regional otorga a las personas con el tipo de discapacidad de los usuarios de esta Asociación.

Los dos procesados tras una denuncia cursada en el año 2011 tendrán que pagar, además, las cantidades de 3.794,04 euros, 680,38 euros, 2.892 euros, 3.401,70, 1.245,25 y 416, 40, así como otra cuantía que como máximo alcanzará los 1.019,10 euros, dinero que se adeuda todavía a algunos de los socios. Otros muchos renunciaron a recuperar las cantidades que pasaron a engrosar las arcas de la organización.

El documento que más de un año antes habían suscrito Administración regional y Asociación establecía que esta ingresaría el 75% del total de la pensión de cada beneficiario y reintegraría el resto a los socios. Al observar que no se estaban cumpliendo los términos del convenio, una trabajadora social apuntó la ilegalidad a los responsables económicos, si bien se decidió hacer caso omiso. De este modo, se produjo una retención indebida de 49.000 euros, que algunos de los afectados reclamaron. La Fiscalía y los abogados de las partes, incluido el de Asprosub que presente en la causa como responsable civil subsidiario de las indemnizaciones que se fijan, llegaron a un acuerdo por el que se redujo la pena inicial solicitada por el Ministerio Público de tres años de cárcel a cada acusado, al haberse reparado el daño y existir un arrepentimiento de los procesados por su comportamiento y las consecuencias derivadas de él.

El procedimiento judicial se inició a primeros del año 2011, cuando tres de los nueve integrantes de la Junta Directiva de Asprosub Benavente denunciaron ante la Fiscalía un presunto cobro de facturas sin IVA por parte de la organización entraron en conflicto con la empresa, lo que dio lugar a la apertura de diligencias en el Juzgado y a la destitución inmediata de los entonces director y gerente, los mismos que se sentaron ayer en el banquillo de los acusados. En ese escenario de enfrentamiento entre los responsables de la Asociación, se produjo también una denuncia de trabajadores por la contratación irregular de empleados, en concreto del hijo del contable, investigada por la Inspección de Trabajo y que terminó con una sanción de 6.000 euros, según las informaciones difundidas por este diario entonces. Asimismo, se cursaron varias denuncias por acoso laboral contra el director del centro que fueron archivadas, al concluir Trabajo que había "un conflicto" entre dos grupos de trabajadores, entre los que había algunos directivos.