Más de 125 pueblos recorridos, sonrisas y sinsabores, y proyectos en el tintero "que prometo que voy a recuperar". La presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, cumple su primer año de mandato al frente de la institución provincial con la puerta de su despacho "abierta a todo el mundo" y una ilusión "que permanece intacta".

-Si echa la vista atrás, ¿qué balance hace de este primer año al frente de la Diputación?

-Positivo, por supuesto. Ha sido un año de mucho trabajo, aunque viniéramos ya con unas bases consolidadas. Yo nunca había estado en un puesto de primera línea política y no tenía ninguna idea preconcebida. Me ha sorprendido el volumen de trabajo que maneja la Diputación a favor del mundo rural. Es una administración muy grande con más de 400 trabajadores y solo el patrimonio que tenemos requiere un esfuerzo muy grande, pero a mí nunca me ha asustado el trabajo. Pavimentación, teleasistencia, servicios, agua... La gente sabe que los servicios le llegan gracias a la Diputación y eso lo agradecen, aunque también te reivindican las cosas cuando están mal, están en pleno derecho.

-La Diputación afronta la recta final del Ramos Carrión, un proyecto largo, complicado y que parece que ya es inminente. ¿Qué supondrá para la provincia este polémico edificio?

-¿Polémico? En absoluto. La polémica es la que intenta crear una persona que debería dedicarse a gestionar lo suyo y no lo de los demás. Es el teatro de la provincia y no entrará en competencia con el Teatro Principal, lo he dicho una y mil veces. Cada uno tendrá un tipo de espectáculo adecuado a sus dimensiones y equipamiento. Por otra parte, el Palacio de Congresos resulta ya imprescindible, con independencia de la gestión. Hay personas que cuando la gestión indirecta la hace su partido está muy bien porque es para ahorrar, pero cuando lo hacemos los demás es una privatización. El Ramos Carrión sale a licitación por 800.000 euros al año mientras que el Teatro Principal cuesta más de 1,2 millones. Ahí está la diferencia.

-600.000 euros es la cifra aportada por el director del Teatro Principal, Daniel Pérez.

-La cifra que nosotros manejamos es otra.

-Cinco empresas pujan por la adjudicación. ¿Habrá alguna zamorana?

-Son grandes empresas de categoría que vienen en UTE y que gestionan grandes teatros de Madrid, en algunos casos, con espectáculos muy importantes. Algunas de las Uniones Temporales de Empresas vienen con empresas que tienen sede en Zamora

-El Ayuntamiento de Zamora ha insistido mucho en un gestión conjunta de Ramos Carrión y Teatro Principal. ¿Por qué esa fórmula nunca fue de su agrado?

-La gestión conjunta yo nunca me la he planteado. Ya no tanto por cuestiones legales sino porque cada uno tenemos una manera de gestionar y concebir las cosas. Yo sé lo que la Diputación quiere que sea el teatro Ramos Carrión para la provincia. Además, es la mejor manera de no tener problemas, cada uno que se gestione lo suyo. Tampoco habría un ahorro significativo.

-De un centro de referencia a otro: el antiguo Palacio Provincial. ¿Qué obras requerirá para convertirse en ese centro cultural al que aspira, además de sede de la Ortega Marañón?

-Tenemos el reto de hacerlo accesible y transformarlo en un gran espacio con una parte institucional y otra expositiva. ArtePalacio está funcionando muy bien porque tiene un doble atractivo: las obras expuestas de los zamoranos, por un lado, y el propio palacio, por otro. La parte inferior se dedicará a acoger la Fundación Ortega Marañón.

-¿Requerirá mucha obra?

-Existe un proyecto, pero estamos pendientes de financiación, así que llamaremos a la puerta de otras administraciones para pedir colaboración. Hablamos de cerca de tres millones de euros.

-Los planes municipales de obras supondrán una mejora clave para la obra básica de los pueblos. ¿Cree que habrá muchos retrasos en la ejecución de las actuaciones?

-Espero que no porque la mayoría de las obras son de poco plazo de ejecución. Los ayuntamientos que tienen actuaciones de mayor entidad son los más grandes que, a su vez, tienen más capacidad y más personal. No tenemos ningún inconveniente en ser flexibles siempre y cuando sea por causas justificadas y no imputables a los propios ayuntamientos. Estudiaremos cada caso uno por uno.