Los productores fotovoltaicos españoles "reclaman la misma justicia que reciben los inversores extranjeros que, pudiendo hacerlo, no han querido recurrir a la jurisdicción española y han acudido en masa a tribunales de arbitrajes internacionales, fundamentalmente al Banco Mundial que, con sede en Washington, es la instancias que más garantías de imparcialidad parece ofrecer, tratando de escapar de una sentencia emitida por el propio Estado que les ha cambiado las normas de manera retroactiva y que no parece ofrecerles garantías suficientes".
Anpier considera que "si no se restablece la seguridad jurídica en el sector renovable en una cuestión tan claramente injusta como la que soportan las familias productoras, el Estado de derecho queda en cuestión, máxime cuando se producen votos particulares tan contundentes y son tantos los españoles afectados, que explican llanamente el engaño al que han sido sometidos y obtienen la lógica e inmediata comprensión de su entorno". Además, Anpier alerta "del efecto contagio ya constatado que tiene para todos otros sectores regulados el hecho de que en este país las normas se puedan cambiar de un día para otro con carácter retroactivo, lo que supone que sea difícil captar inversiones productivas a largo plazo en un escenario" como el actual.
