Un agricultor, acusado de destrozar la cosecha de otro al denegarle la finca el Ayuntamiento

El Ayuntamiento le dejó fuera de la adjudicación de las tierras municipales que se subastan entre agricultores con pocos recursos económicos para su cultivo, una decisión que recurrió el vecino de Villanueva del Campo, al tiempo que decidía, "tomarse la justicia por su mano", y continuar sembrándola, según la acusación del abogado del Consistorio. Y lo hizo a pesar de que el nuevo adjudicatario ya tenía avena y cebada, con una altura de entre 20 y 25 centímetros, aseguró ayer el propietario de esta cosecha situada en la finca manso de la Vega de Villalobos, que el imputado "destrozó con su tractor", afirmaron testigos ayer en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal, tras la denuncia formulada por este joven agricultor y por el propio Ayuntamiento. Unos hechos que el imputado, cuyas iniciales son E.A.C., niega al asegurar que cuando fue a la finca en enero de 2014 a sembrar avena hubiera otro cultivo ya crecido, como sostiene el denunciante, que le reclama el valor de la cosecha y una multa por los daños. El imputado, que admitió ante la juez que en septiembre de 2015 sabía que ya no podría usar esa parcela, insistió al ser interrogado en que "yo la tenía de alfalfa y la roturaron, fui al Ayuntamiento a preguntar por qué y nadie me dijo nada" y que el secretario de la institución local "me dijo que no era cosa mía y que me fuera", extremo que negó el funcionario público para declarar que "se le notificó oficialmente que no era adjudicatario y a mí personalmente no me preguntó nada". El secretario confirmó que "dos o tres meses antes" de que el agricultor denunciado sembrara la parcela, "interpuso un recurso de reposición" contra el resultado de la adjudicación "y pedía la suspensión" del procedimiento. Precisamente, el abogado del acusado mencionó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula ese contrato, un pleito que nada tiene que ver con el procedimiento penal, en el que se le acusa de haber perjudicado a quien obtuvo la explotación de la finca en septiembre de 2013, por lo que el procesado se enfrenta al pago de multas de entre 3.000 y 3.600 euros, y el pago de entre 6.493 y 2.550 euros por los daños causados al roturar y sembrar sobre lo sembrado, cantidades que exigen la acusación particular y la Fiscalía Provincial, respectivamente.