"Teniendo en cuenta que los tribunales dan la razón a nueve de cada diez preferentistas que demandan a los bancos por la comercialización de estos productos, según los datos de 2014 del Observatorio de Jurisprudencia de Productos Financieros Complejos, esta resolución de la AEAT supone un auténtico varapalo para la mayoría de los 300.000 afectados por las preferentes que estimó el Gobierno", asegura el sindicato de técnicos de Hacienda.
"La situación se agrava, además, si se considera que el perfil mayoritario de estas personas responde a jubilados o personas con ingresos limitados que en muchos casos no tienen obligación de presentar la declaración de la renta, pues no llegan al mínimo necesario de ingresos. Ahora bien, con este nuevo criterio de la AEAT, la situación cambia pues no solo tendrán que presentar la declaración, sino que lo más probable es que les salga a pagar una cifra desproporcionada para su nivel de ingresos, ya que por el importe de su pensión no tienen retenciones o son muy reducidas", asegura Gestha en un análisis con el que coinciden los preferentistas.
