La legislatura está a punto de terminar sin que se haya formado Gobierno y ello, además de poner de manifiesto el fracaso de las conversaciones entre los principales partidos, aboca a España a unas nuevas generales que, entre otras cosas, tienen un coste económico considerable. A nivel general el gasto ascendería a más de 130 millones de euros solo en logística, de los que 485.000 corresponderían solo a la provincia de Zamora -es la cifra de la organización de los anteriores comicios que, de repetirse las elecciones, sería prácticamente idéntica de cara a junio-.

Sin embargo, lo que ahora centra el debate son las subvenciones públicas que reciben los partidos como consecuencia de los comicios.La cifra no es poca cosa. Los partidos reciben -a nivel nacional, aunque el cálculo de lo que corresponde a cada provincia puede hacerse fácilmente- más de 21.000 euros por cada escaño conseguido, ya sea en el Congreso de los Diputados o en el Senado. Además, los partidos que obtienen senador se embolsan 0,32 euros por voto emitido y, los que consiguen colocar a sus representantes en la Cámara Baja, 0,81 euros por voto a su favor. Además hay que contar los envíos electorales. Solo en subvenciones directas, los partidos se llevan más de 148.000 euros por el reparto de diputados y senadores que corresponde a la provincia de Zamora, que sumados a los gastos logísticos hace que la cifra supere con mucho los 600.000 euros.

La situación ha llevado a varios ciudadanos a impulsar recogidas de firmas para pedir a los partidos que no vuelvan a cobrar las subvenciones. "El legislador no previó el supuesto de que unas elecciones generales hubieran de repetirse sin que el Parlamento hubiera cumplido siquiera su primera misión tras ser constituido: elegir al Presidente del Gobierno. Por eso si las cámaras se disuelven el día dos de mayo, los partidos políticos que concurrieron a las elecciones del 20D cobrarán la subvención que establece la Ley en vigor y además serán subvencionados, con las mismas reglas, para una nueva campaña electoral", asegura una de estas campañas. "Si el legislador no toma medidas extraordinarias para evitar tal despropósito, la situación generada conllevaría premiar, costa del esfuerzo económico de todos los ciudadanos, a quienes no han sido capaces de ponerse de acuerdo", aseguran.