La vicepresidenta autonómica, Rosa Valdeón, dijo ayer en Zamora que la Junta está preparando la respuesta "por escrito" al requerimiento del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro para que recorte gastos para evitar sobrepasar el límite de déficit público, aunque la postura de rechazo ya se ha hecho llegar al Ministerio vía telefónica. "Formalmente no le hemos contestado porque estamos estudiando ese requerimiento, por escrito, de la misma forma que el Ministerio se ha dirigido a la comunidad autónoma. Pero informalmente, a través de las conversaciones telefónicas el Ministerio sabe qué planteamiento tiene la Junta de Castilla y León".

"Desde el primer momento en que se supo ese reparto de la corresponsabilidad del déficit estábamos en desacuerdo, porque siempre se ha trasladado a las comunidades autónomas una carga que no era la que tenía que corresponderles matemáticamente". Además "Castilla y León ha hecho en estos últimos años un esfuerzo en contención del gasto que nos ha hecho estar en el grupo de las comunidades cumplidoras. Por tanto no estamos de acuerdo en nada de lo que nos ha dicho y nuestro planteamiento es que aquí el 80% de esos fondos destinados a la Comunidad Autónoma son para servicios sociales en sentido amplio", incluidas sanidad, educación.

Valdeón insiste en que "las comunidades no hemos incumplido, sino que hay que revisar quién repartió ese déficit porque igual fue él quien ha incumplido. Vamos a defender con uñas y dientes que Castilla y León no puede hacer ningún ajuste más. Hemos hecho todos los que se nos han exigido y teniendo en cuenta que el 80% de los gastos van a estos servicios vamos a mantener el presupuesto como está.

Ante este caldo de cultivo, el portavoz de Hacienda del grupo socialista en las Cortes, José Francisco Martín, exigió ayer al presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, que ratifique ante el ministro Montoro que la Junta no acatará un recorte de 328 millones de euros del presupuesto de 2016 como se le ha exigido desde el Gobierno. "Si vemos ese escrito donde se exija además un reparto más equitativo del límite de déficit entre las comunidades y el Estado dejaremos de pensar que solo hay mentiras y postureo", indicó.

Otros partidos políticos se han pronunciado también al respecto en las últimas horas. El portavoz de Economía y Hacienda de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Félix Díez, apoyó ayer a la Junta en la defensa de que "no existe margen para realizar más recortes tras el desvío del déficit porque el 80% de los recursos se destinan a los servicios esenciales, si bien observó que se puede acabar con algunas fundaciones calificadas de "opacas" por el Consejo de Cuentas.

La polémica Ley Montoro también fue ayer protagonista en el salón de plenos de la Diputación de Zamora. La normativa obliga a la institución provincial a destinar los 4,4 millones de euros procedentes del remanente de Tesorería a amortizar la deuda de la institución en lugar de destinarlo a otro tipo de inversiones. La medida económica desató en la sesión plenaria un nuevo debate sobre la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, donde los populares argumentaron que "si quien nos tiene que prestar el dinero nos dice que o se corrige la deuda o no hay dinero, nos guste o no hay que acatarlo", planteó Aurelio Tomás. No obstante, evidenció que "si este dinero se debe es por solicitar préstamos para ejecutar servicios básicos e inversiones", a la vez que sopesó que "con la deuda que ahora amortizamos tendremos más disponibilidad presupuestaria el próximo ejercicio". No obstante, planteó, "tiene lógica que no se pueda gastar más de lo que se ingresa y que cuando se pide dinero haya que devolverlo con intereses". Durante el ejercicio en curso la Diputación tiene prevista una amortización de 5,3 millones de euros correspondiente a préstamos de años anteriores, con el resultante de una deuda pendiente a 31 de diciembre de 2016 de 16,2 millones y un índice de endeudamiento del 30,59%.

Por su parte, el portavoz socialista en la Diputación, Antonio Plaza, defendió que la Ley Montoro "es un corsé que nos impide dedicar el remanente a las necesidades reales de la provincia, la deuda puede esperar", a la vez que tildó de "viejuno" el argumento de que "la culpa de todo la tiene Zapatero", tal y como insinuó Tomás. El vicepresidente de la Diputación Provincial aprovechó la ocasión para defender una vez más el papel de la institución, ya que "si alguna entidad ha cumplido con los ayuntamientos es precisamente la Diputación Provincial y mientras otras han dejado de prestar determinados servicios, esta Diputación ha sido la que ha salido a prestarlos". En todo caso, "los servicios en nuestros pueblos están a la altura e incluso por encima de lo que se puede", puntualizó.

Mientras, la portavoz de IU en la Diputación, Laura Rivera, hizo mención en el pleno precisamente a la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. En este sentido, se dirigió a Martín Pozo para manifestar que "desde su partido ya se están rebelando contra la Ley Montoro, con Valdeón a la cabeza, que se ha cansado también de tanto recorte".