Tras quince años de reuniones y pleitos, el magistrado del Juzgado de lo Mercantil será quien encargue por sentencia la liquidación de la sociedad de la sociedad García Casado, el emblemático comercio textil cuyo edificio, protegido por el Plan Especial del Casco antiguo, preside la plaza de Sagasta. Un inmueble por el que la familia pudo haber obtenido en los años de mayor impulso inmobiliario hasta 12 millones de euros, que la crisis económica redujo a los cuatro y que, con el repunte actual, puede subir hasta los seis millones, según fuentes próximas a los herederos.

El magistrado, a instancias de la denuncia de los descendientes de los hermanos García Casado que residen en Zamora para que se impulsara la disolución y reparto de los bienes de la sociedad, decidirá en el fallo judicial cómo se hará el reparto de los bienes y quién será el encargado de llevar a cabo esa liquidación, un profesional al margen de los interesados (a semejanza de lo que ocurre en los concursos de acreedores).

La sentencia, tras el juicio celebrado recientemente, supondrá un primer paso para sacar del atolladero la venta de lo que un día fue uno de los negocios más emblemáticos y florecientes de la capital, con unos buenos resultados económicos que se mantuvieron hasta su cierre, motivado por las dificultades ante la irrupción de otras formas de negocio, de franquicias a costes bajos. Los García Casado cerraron sus puertas a pesar de que el activo de su empresa era superior al pasivo.

La acción judicial obedece a la demanda presentada por un heredero para solicitar que el juez interviniera en la liquidación de los bienes familiares "porque el objeto de reparto es una sociedad", abundan las mimas fuentes. Al tratarse de "un bien complejo" a repartir entre 16 herederos (hijos y nietos de los fundadores), el magistrado "nombrará a un tercero para organizar la sociedad, hacer tasaciones, buscar posibles compradores y establecer cómo realizar la liquidación". Al tratarse de una sociedad con bienes como el inmueble de Sagasta, "se requiere de la toma de decisiones constantemente", de ahí lo complicado de la operación de venta.

Solo "las discrepancias entre la familia sobre la forma de reparto de los bienes" ha impedido llegar a un acuerdo, a pesar de los múltiples intentos para echar el cierre definitivo a la sociedad. La sentencia, que pronto se conocerá, será únicamente un primer paso para poner punto y final a quince de desencuentros familiares, ya que puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Zamora y ante el Tribunal Supremo si alguno de los descendientes de García Casado no ve satisfechos sus intereses. "Pero a partir de aquí, ya no habrá marcha atrás" y la liquidación se ejecutará a corto plazo, subrayan las mismas fuentes.

La familia ya se vio envuelta en numerosos juicios en estos tres lustros, desde que se cerrara el negocio; algunos de esos pleitos, por cuestiones colaterales, desde por la forma de reparto de los bienes, hasta por presuntas irregularidades en la administración de la empresa, lo que evidenció la tensión existente entre los descendientes de los fundadores del negocio que, curiosamente, todavía hoy aparece en Internet como "empresa localizada en Zamora, dedicada a comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería".

Algunos de esos enfrentamientos terminaron en el Tribunal Supremo, pero ninguno de los litigios sirvió para avanzar en el meollo del problema: el reparto de esta sociedad que es parte de la herencia, pero no ha contado con el consenso suficiente como para resolver su desaparición y reparto de los beneficios entre la familia.

Por lo que se refiere a las incidencias surgidas en torno a la firma mercantil, el Juzgado declaró la sociedad en liquidación en un juicio hace unos años y en otro, celebrado en 2015, se instaba a la celebración de una junta de socios para nombrar a los liquidadores. Fue imposible el consenso para hacerlo: de nuevo las disensiones familiares se impusieron: no hubo pacto sobre el sistema de reparto. Es ese último litigio el que ha dado lugar al procedimiento que ahora está a punto de resolver el juez de Mercantil de Zamora.

Este es el primer caso en la provincia en el que el Juzgado Mercantil interviene para liquidar una empresa en la que no existe una situación de quiebra, es decir, un concurso de acreedores. Hasta el momento, este tipo de acciones judiciales se han producido como consecuencia de embargos a empresas o sociedades por parte de entidades o particulares para cobrar deudas, o impulsadas por acreedores o los dueños del negocio por problemas económicos. "Aquí cerró la tienda porque era un modelo que no funcionaba, no era el adecuado para el modelo de negocio que se iba imponiendo y no le interesaba continuar a nadie de la familia", pero la solvencia de García Casado no había hecho aguas, concreta la misma fuente.

El señorial edificio de la plaza de Sagasta de la capital, con una superficie construida de 2.444 metros cuadrados sobre una planta de 394 metros cuadrados, consta de sótanos, un bajo y un primer piso que en su día ocuparon por completo la tienda; además, tiene cuatro alturas y un ático, pisos en los que vivían inicialmente los tres hermanos García Casado, fundadores del negocio, con sus familias. El abandono del inmueble está ocasionando un riesgo importante para la seguridad del edificio, que ya en diciembre de 2013 sufrió algún desprendimiento que requirió la intervención de los bomberos de la capital para evitar daños a los viandantes.