La Diputación Provincial defiende a ultranza la autonomía de los municipios de la provincia frente al nuevo modelo de ordenanza territorial impulsado por la Junta de Castilla y León. En este sentido, la institución provincial ha consensuado un documento que tendrá que remitir a la Administración regional para ofrecer su visión sobre las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio (Ubost). El informe -en realidad son dos, uno técnico y otro político, tanto desde el ámbito intraprovincial como el interprovincial y el específico de Benavente- será aprobado por urgencia en la sesión plenaria de la Diputación Provincial del próximo lunes, dada la premura de los plazos.

El informe, que no es vinculante y tiene carácter consultivo, hace alusión a la coincidencia del estudio de zonificación presentado por la Junta de Castilla y León con el mapa de zonificación sanitaria a efectos de Zonas Básicas de Salud. Un criterio que "puede ser útil para los servicios que presta la Junta, pero que no tiene por qué satisfacer las expectativas de asociación voluntaria que puedan tener los municipios para una prestación eficiente de los servicios". Es el caso de los municipios de Cañizal, Vallesa de la Guareña y su anejo, Olmo de la Guareña, que aspiran a seguir adscritos a la Zona Básica de Salud de Salamanca, pero que el resto de servicios se les preste en la provincia de Zamora y, por ende, permanecer en la Unidad Básica de Ordenación Territorial de La Guareña. La zonificación del mapa de ordenación tomando como base las Zonas Básicas de Salud lleva a la inclusión de estos ayuntamientos en una Ubost de la provincia de Salamanca. Sin embargo, tanto las entidades locales como la mancomunidad de municipios de la Guareña ya han manifestado su posición contraria, postura que la Diputación ampara en pro de esa defensa de la autonomía de las entidades locales.

Ante esta situación, los grupos de la Diputación plasman en el informe que remitirán a la Junta que "además de las Zonas Básicas de Salud deberían utilizarse otros criterios de zonificación como el actual mapa de mancomunidades, fruto de la voluntad asociativa de los municipios y que vienen funcionando correctamente en la prestación de servicios a los municipios".

La institución provincial concluye que el mapa de ordenación presentado por la Junta se debe revisar "atendiendo las propuestas de los municipios". Para ello, proponen "una ampliación de los plazos dispuestos", de manera que cada ayuntamiento afectado "pueda pronunciarse con pleno conocimiento de todos los aspectos que les afecten". Tal es el caso del catálogo de competencias "que en este momento todavía está elaborando la Junta de Castilla y León", apostillan.

A contrarreloj para tener en plazo el informe que requiere la Junta de Castilla y León, la Diputación entiende que la consulta regional "debería hacerse previamente a la propuesta definitiva del mapa de ordenación y, por supuesto, después de ser atendidas las propuestas de los ayuntamientos". En todo caso, los grupos de la Diputación valoran que el mapa de ordenación "no puede alterar los límites geográficos ni competenciales de las entidades locales de ámbito provincial". En este sentido, reivindican que la provincia es "una entidad local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines".

Tanto el grupo popular en la institución provincial, como el PSOE, Ciudadanos y el diputado no adscrito Ángel Prada votarán a favor del documento trabajado en los últimos días entre todas las partes. La duda aún permanece por parte del grupo de IU ya que, pese a haber participado en todas las reuniones y entender que el contenido del acuerdo es razonable, se posicionan "totalmente en contra de las Ubost tanto por el procedimiento como por el resultado". Por este motivo, se debaten entre la abstención y el apoyo en la votación del pleno del próximo lunes.