El impuesto de construcción del teatro Ramos Carrión de la capital enfrenta al alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y a la propia Diputación después de que el regidor municipal anunciara ayer que la institución provincial había presentado un recurso en el Contencioso Administrativo contra el Ayuntamiento para exigir la exención del impuesto por la ejecución del proyecto de rehabilitación del Ramos.

Lo que en un principio parecía un pulso judicial entre dos instituciones públicas de distinto signo político se convirtió minutos después en otra historia bien diferente: "La Diputación no ha realizado ningún tipo de reclamación judicial en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo", se apresuraron a desmentir desde Presidencia de la Diputación. La institución provincial puntualizó que "es la UTE adjudicataria de las obras la que ha interpuesto la reclamación" dado que es la concesionaria la que debe pagar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, tal y como recoge el propio pliego de condiciones por el que se adjudicaron y se ejecutaron las obras de rehabilitación del teatro. En este sentido, la Diputación es tajante y sostiene que Guarido "miente descaradamente", de ahí que exija "disculpas públicas" al alcalde de Zamora.

Ante tal desarrollo de los acontecimientos, la Diputación Provincial exige "explicaciones" a Guarido: "Deberá contar a todos los zamoranos por qué ha pretendido un enfrentamiento con esta institución", recriminan. A su vez, piden al alcalde de la capital "una rectificación inmediata" e instan a Francisco Guarido a que "pida disculpas públicamente por haber creado una polémica innecesaria e inexistente cuando los ciudadanos demandan lealtad en la colaboración institucional para dar solución a sus demandas y preocupaciones, con independencia del signo político del grupo que gobierne en cada institución", exponen desde Presidencia de la Diputación Provincial.

La cuantía reclamada en cuestión por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por la ejecución del proyecto de rehabilitación del teatro asciende a 246.000 euros. Con independencia de que haya sido la UTE adjudicataria y no la Diputación la que ha interpuesto el recurso judicial para la exención del tributo, será el Juzgado quien decida si finalmente tendrán que asumir el impuesto o, por el contrario, tienen derecho a librarse de él.

Al tratarse de una obra de interés general, la adjudicataria considera que debe quedar liberada del pago de este impuesto, mientras que los técnicos municipales opinan lo contrario.