Una resolución del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León, cuyas funciones ejerce el Consejo Consultivo de Zamora, ha obligado a la Agencia de Protección Civil a anular la adjudicación del servicio del Grupo de Rescate y Salvamento de la Comunidad a la empresa Europa Agroforestal (Eural) por un importe de 215.041 euros, tras ofertar una baja del 17,71%, tres puntos por encima de lo que ha propia Junta consideraba desproporcionado. La resolución del Tribunal se debe a la denuncia interpuesta por otra de las empresas que optaban al contrato, Foresma, que curiosamente ofertó exactamente la misma cantidad que otro licitador, Emsebur, 229.963 euros.

El Tribunal que preside Mario Amilivia considera que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de la que depende la Agencia de Protección Civil incurrió el "arbitrariedad" a la hora de valorar las ofertas porque en los pliegos de condiciones no se concretaban lo suficiente los criterios a aplicar ni las reglas de ponderación, con lo que "no queda garantizada la necesaria igualdad ni el trato no discriminatorio de las diferentes ofertas presentadas".

Ello determina "no solo la nulidad de las cláusulas del pliego de condiciones administrativas" sino también "la de la licitación misma". Las cláusulas, por ejemplo, no establecen previamente las mejoras a considerar en las ofertas. Por ello el Tribunal estima el recurso presentado por Foresma "con expresa declaración de nulidad de la adjudicación y del procedimiento de licitación.

El Tribunal no aprecia que la empresa adjudicataria tenga una insuficiente solvencia técnica. Y con respecto a la posible baja temeraria, el órgano que preside Mario Amilivia constatar la necesidad de motivación suficiente a la hora de admitirla o rechazarla, lo que en este caso "con dificultad puede lograrse si los informes se limitan a describir la justificación realizada por la empresa, como cabe apreciar, en esencia, en el emitido el 5 de noviembre de 2015 sobre la oferta económica de Eural, S.A".

Por otra parte, la Plataforma de bomberos profesionales ha denunciado, en un comunicado hecho público, la privatización del Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de Castilla y León, a pesar, dicen, de que el presidente Juan Vicente Herrera negó que fuera a hacerlo. "Durante más de 8 años los Bomberos en el GRS han dado un servicio de calidad y muy profesional, salvando la vida a centenares de personas, siendo ejemplo de operatividad entre los grupos de rescate de toda España, creando procedimientos de trabajo y protocolos, consiguiendo tiempos de rescate cortos y total seguridad a las víctimas, a la vez que no dejaron nunca el servicio sin cubrir".

A juicio del mentado colectivo, "con esta privatización, pretendían hacer, con cinco personas recién formadas (o sin formación previa) de una empresa privada que ya tiene otras concesiones de logística dentro de la Agencia de Protección Civil, lo que un operativo de 30 bomberos profesionales que llevan años en sus correspondientes cuerpos haciendo salvamento".