La prueba admitida a trámite por la magistrada de Puebla de Sanabria (que cesó en este Juzgado a final de año para conseguir otra plaza), tras una resolución de la Audiencia Provincial, espera desde hace siete meses en el Instituto Caligráfico de la Guardia Civil, después de que el abogado de la acusada, trabajadora de la UTE Rionegro que llevó el mantenimiento de las carreteras de Sanabria-Carballeda hasta mayo de 2011, lo solicitara en marzo de 2015. El objetivo es "cotejar por parte de un perito caligráfico tanto el cuerpo de escritura (letras y números) como las firmas que obran en los albaranes" que se han apartado a la causa y que constan en el sumario de las actuaciones judiciales.
Para ello, los especialistas del departamento de Grafística del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil contarán con documentos en los que la letra que figura está corroborado que pertenece a la acusada, con la finalidad de que se compruebe si la autora tanto de la firma como de los datos que figuran en los albaranes es la empleada, tal y como sostiene la Fiscalía Provincial, que formula la imputación por delitos de malversación o apropiación indebida, cohecho y falsedad documental. Cuando fue detenida junto los cinco principales imputados, entre ellos , pudo sortear el ingreso en prisión que exigía la Fiscalía porque pagó una fianza de 20.000 euros, según la información a la que tuvo acceso este diario.
